El artículo 12 de la Constitución Nacional, “De la detención y el arresto”, establece que toda persona arrestada tiene derecho a que “la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique”.

Asimismo, que se le mantenga en libre comunicación, previendo salvedades en caso de que así lo disponga el juez competente. Aunque no se especifiquen las causales de estas excepciones, el trato diferencial se aplica por lo común a personas vinculadas al crimen organizado por su potencial peligrosidad.

El joven Matías González, de 16 años, fue detenido el pasado domingo durante una protesta realizada frente a la residencia del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, en el barrio San Vicente de Asunción. La manifestación estuvo liderada por el abogado Paraguayo Cubas, que lleva a cabo una campaña de pintatas y grafiteadas en repudio a la corrupción y el proyecto reeleccionista del oficialismo.

La madre del joven, Cristina González, relató que al enterarse de la existencia de incidentes se contactó telefónicamente con su hijo, quien la puso al tanto de que fue arrestado. Informada de que los detenidos fueron derivados a la Agrupación Especializada, se dirigió a esta sede policial, donde le dijeron que su hijo no estaba allí y que una persona fue llevada a la Comisaría 14.

Al llegar a esta dependencia –siguiendo el relato de la madre–, los oficiales se rehusaron a brindar información al respecto y aseguraron que no tenían detenido a ningún menor de edad en el lugar. No fue si no hasta el día siguiente, ayer lunes al mediodía, cuando la señora González pudo establecer contacto nuevamente con su hijo en la sede del Ministerio Público ubicada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción.

“Me sentí secuestrado”

Por su parte, el joven manifestó que fue detenido cuando se opusieron a que uno de ellos sea alzado a la patrullera, momento en el cual el comisario ordenó que el mismo también sea detenido. Una vez en la Agrupación Especializada fue despojado de todas sus pertenencias, incluido el teléfono, y no se le permitió comunicarse con nadie. “Estuve incomunicado y me sentí secuestrado”, refuerza. Luego de seis horas fue trasladado a la Comisaría 14, donde pasó la noche en un calabozo junto con un preso común mayor de edad.

Añadió que, más allá de algunos empujones de los antimotines cuando intentó proteger a una mujer embarazada, no fue víctima de apremios físicos, pero sí de un constante hostigamiento sicológico. El adolescente indicó que los agentes lo amenazaban con que pronto ingresarían al calabozo para pegarlo, que sería llevado a la Cárcel de Itauguá y lo trataban de “patotero”.

Remarcó que durante su detención no recibió alimento alguno hasta que al día siguiente, el lunes a las 11.00 de la mañana, un agente por iniciativa propia le invitó un bocado “por lástima”, acotó. Al mediodía fue llevado a la Fiscalía, donde no le tomaron ninguna declaración y fue liberado hacia las 14.00 horas bajo la advertencia de que ya no ande con “patoteros”.

Detenidos y heridos

Tras el inicio de la pintata de los vehículos, intervinieron los antimotines y se registraron varios heridos, entre estos una mujer afectada por gas pimienta y su pareja que reaccionó para defenderla, así como un policía. Según los reportes de prensa el uniformado recibió el impacto de una piedra lanzada desde una vivienda cercana, aunque los medios oficialistas sostienen que la agresión provino de los manifestantes.

Según el Ministerio Público los vehículos pertenecen a la institución, por lo que el acta de imputación incluye daño al patrimonio común, pero los manifestantes afirman que no contaban con ningún logo oficial. La fiscala a cargo, Stella Marys Cano, también formuló imputación por perturbación de la paz pública y resistencia, pero descartó los cargos por lesión grave. Esto presumiblemente porque no se pudo individualizar al presunto responsable de haber lanzado la piedra. En total fueron detenidas siete personas, de las cuales seis siguen sujetas al proceso

Esta mañana intentamos hablar telefónicamente con los responsables del procedimiento que prestan servicio en la Comisaría 14, pero desde la dependencia policial se excusaron de brindar declaraciones alegando que los efectivos a cargo del operativo no se encontraban presentes. Aseguraron que el comisario Julio Alvarenga se tomó desde ayer vacaciones por una semana y el oficial inspector Ángel Gonzalez estaba de franco.

Con respecto a las denuncias de violencia policial, el médico siquiatra Carlos Portillo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), concluyó, tras una inspección a los detenidos, que existió uso desproporcional de la fuerza durante las aprehensiones. Precisó que pudo corroborar, en el caso de Paraguayo Cubas, escoriaciones en las rodillas y la parte inferior de las piernas así como en las muñecas. Refirió que el ajuste excesivo de las esposas es una agresión intencional y recurrente contra las personas detenidas. Sin embargo, aclaró que Cubas no presenta rastros de haber sido sometido a tortura, pero sí comprobó un estado de excitación sicológica y alarma excesivo, un síntoma normal en personas detenidas y sometidas a arresto. A esto se suma que Cubas ya estuvo privado de libertad por la pintata realizada en una sede fiscal de Ciudad del Este.

Foto: Matías González tras el reecuentro con su madre (imagen de Última Hora)