La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) participan con una querella adhesiva a la acusación fiscal en la causa “Ignacio Franco Fernández y otros s/ homicidio doloso”. Se trata del caso de la muerte de dos adolescentes durante un motín en el Centro Educativo de Itauguá (CEI) ocurrido en 2014.

La fecha de juicio se fijó hace un año, en diciembre de 2015, para el 9 de diciembre de 2016. Sin embargo, el presidente interino del Tribunal de Sentencia de Luque, Hugo Villasanti, aplazó el juicio días antes de manera indefinida a raíz de la supuesta falta de diligencias. El aplazamiento estuvo fundado en un pedido formulado por la defensa de acceder a las grabaciones del circuito cerrado del CEI en la fecha de los hechos, y otros pedidos de las partes, sobre pruebas que no han sido incluidas al expediente. La defensa también ha solicitado la nulidad del proceso por supuesta indefensión, puesto que los abogados anteriores no habrían presentado ninguna prueba a favor de los procesados.

En este sentido, la abogada de la Codehupy, Sonia von Lepel, sostuvo que esta nueva suspensión resulta preocupante, además de llamativa, pues el juicio ya contaba con fecha hace un año pero recién días antes el juzgado se percató de esta supuesta falta de diligencias. Añadió que estas diligencias podían ser ordenadas al inicio del juicio y que para ello no era necesaria la suspensión. En el caso no fueron investigados ni el director del centro ni el jefe de seguridad, por lo que solo serán enjuiciados los guardias.

El Tribunal de Sentencia estuvo originalmente compuesto por Alicia Orrego Pérez, en calidad de presidenta y actualmente con permiso, acompañada por Lilian Rosaura Flores y Rubén Morínigo como miembros.

Cabe recordar que el 21 de abril del 2014 varios adolescentes recluidos en el CEI habrían iniciado una acción de protesta contra los constantes maltratos físicos y verbales que recibian, además de la mala calidad de la alimentación, falta de insumos básicos, entre otros puntos. Para llamar la atención de los funcionarios administrativos habrían quemado colchones en el interior de sus pabellones.

Cuando ya la tensión había disminuido, varios guardias, entre ellos los acusados (Juan Carlos Saucedo, Ignacio Franco Fernández y Adrián Jara), se habrían acercado hasta el pabellón 3B del CEI, donde habrían realizado disparos con armas de fuego, a quemarropa, hacia el interior del pabellón en el cual se hallaban más de una veintena de adolescentes. Como consecuencia de dicha acción fallecieron los adolescentes F. D. R. I. (16 años) y N. J. D. R. (17 años), mientras que otros resultaron heridos.

El 23 de enero de 2015 la fiscala Teresita Torres Molas presentó acusación contra los guardias señalados. La acusación fue acompañada por la querella adhesiva formulada desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Desde el 2004 existe una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que enfrenta el Estado Paraguayo en el caso “Instituto de Reeducación del Menor Panchito López”, por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de aproximadamente 4.000 jóvenes que pasaron por dicho lugar entre 1.996 y 2.001, en razón de que el Estado no adoptó medidas especiales de protección que está obligado a tomar a favor de adolescentes privados de su libertad, por lo que lamentamos nuevamente la pérdida de vidas paraguayas en instituciones del Estado.