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Obligado por un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Paraguay debe investigar los hechos y reparar integralmente a su familia.

El 3 de junio de 2003 un agente de policía de Paraguay ejecutó a Eulalio Blanco (62) mientras ejercía su derecho a la protesta, durante una represión a una manifestación de productores de cedrón paraguay en Santa Rosa del Aguaray, a 350 kilómetros de Asunción.

Ese día alrededor de mil agricultores protestaban contra el Estado paraguayo por haber incumplido con el subsidio de comercialización para sus productos, medida que se venía postergando desde febrero.

Mientras los dirigentes campesinos negociaban con el fiscal penal local, éste ordenó la represión para despejar la ruta, que se dio sin previa advertencia con carros hidrantes, golpes y disparos de armas de fuego.

Los policías y militares persiguieron y dispararon sobre manifestantes que huían del lugar, golpearon violentamente a quienes alcanzaban y causaron destrozos en las casas aledañas para detener a manifestantes. En total 16 manifestantes sufrieron disparos con armas de fuego.

Blanco se había entregado a la policía y estaba arrodillado y con las manos en alto. En ese momento un agente policial le disparó por atrás, desde una distancia cercana, y luego otros policías le golpearon la cabeza cuando cayó al piso.

Luego de pasar en vano por el hospital local y el de San Estanislao, 12 horas después de sufrir el disparo, finalmente, recibió atención médica en el Hospital de Emergencias Médicas de Asunción, donde falleció el 5 de junio, tras dos intervenciones.

El Ministerio Público decidió no investigar

Pese a la gravedad de los hechos y a pedidos de la viuda de Blanco, Florentina Olmedo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Ministerio Público decidió no investigar la ejecución arbitraria de Blanco.

No citó a testigos u otros manifestantes; no solicitó una autopsia ni peritajes balísticos ni inspección y recolección de evidencias de la escena del crimen y permitió que el proyectil extraído a Blanco se extraviara, impidiendo esclarecer las circunstancias de la muerte.

“Es una práctica sistemática, común en las investigaciones que involucran a las fuerzas policiales, la violación de la cadena de custodia. Esta práctica es particularmente notoria en las ejecuciones directamente realizadas por la fuerza pública y al Fiscalía. La policía, pero también los agentes fiscales y los jueces, actúan introduciendo pruebas preconstituidas que fundamentan la versión policial. O bien, se malogran las evidencias que fueron recolectadas”, resume el Informe Chokokue, investigación de la CODEHUPY      que registró la ejecución de 115 campesinos entre 1989 a 2013.

 Comité de Derechos Humanos

Dada la inactividad del Ministerio Público y el fin del plazo máximo para investigar los hechos, su viuda, la CODEHUPY y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) presentaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2008.

En 2012 el órgano responsabilizó al Estado paraguayo de la ejecución de Eulalio Blanco y de la falta de investigación, esclarecimiento y castigo a los agentes responsables. Impuso las obligaciones de reparar integralmente a la viuda, realizar una  investigación efectiva y completa de los hechos y evitar que se vuelvan a repetir en el futuro.

Avances y estancamientos

Después de nuevas dilaciones, en 2017 las partes firmaron un Acuerdo de Medidas de Reparación donde el Estado asume su responsabilidad en la violación de derechos en torno al caso y donde se detallan los términos de las medidas de reparación. El decreto presidencial 8027/2017, además, validó este acuerdo.

Si bien el Estado realizó un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y mostró apertura en el cumplimiento de las reparaciones, no se registraron avances con aquellas de carácter estructural, como proseguir las investigaciones para esclarecer los hechos –el primer paso contra la impunidad y a favor de la justicia- o indemnizar a la viuda.

Tampoco en lo relacionado a fortalecer la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos  del Ministerio Público, ni en la difusión del “Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias” de las Naciones Unidas o la presentación de propuestas de modificaciones a las leyes penales del país.

Actualmente la CODEHUPY desarrolla la campaña Yo protesto, Paraguay para exigir que el Estado paraguayo –la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo- garantice y promueva el derecho a la protesta y la manifestación en Paraguay, lo que comienza con el esclarecimiento y juzgamiento de  los agentes responsables en los casos de Eulalio Blanco, Sebastián Larroza y Ernesto Benítez.

Enterate más sobre el caso y la campaña #YoProtestoPy https://bit.ly/2xtyqCZ y https://bit.ly/2MSiTBf #InformeChokokue