El Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá –integrado por Bonifacio Rojas Zeballos, Víctor Darío Godoy Chamorro y Sofía Jiménez Rolón– notificaron que el juicio a Raquel por el caso de la masacre de Curuguaty se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, a partir de las 8.00 horas, en el Juzgado Penal de la capital del departamento de Canindeyú, ubicado sobre las calles Paraguay y Francisco Solano López.
La defensa de Raquel, quien al momento de los hechos era menor de edad, es llevada por la Codehupy a través de la abogada Sonia von Lepel. La adolescente está acusada de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. El fiscal Jalil Rachid la había acusado de haber hecho de “señuelo” – junto con las demás mujeres– con su hijo en brazos para supuestamente crear un ambiente de confianza en los más de 300 policías a fin de tomarlos desprevenidos y emboscarlos.
La acusación fiscal basa su hipótesis en que, ante una supuesta señal dada por Rubén Villalba, la joven corrió poco antes de iniciarse el tiroteo. El actual fiscal de la causa es Leonardi Guerrero, quien asumió la representación del Ministerio Público tras el nombramiento de Rachid como titular del Viceministerio de Seguridad Interna.
Desde la Codehupy sostenemos que el proceso a la joven es totalmente nulo, pues según las reglas del proceso penal adolescente una persona es penalmente responsable «solo si» al momento de realizar el hecho tenía la capacidad de entender el alcance de sus actos y determinarse conforme a ese conocimiento, según el artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto es lo que corresponde en el caso, pues al momento de los hechos Raquel era menor de edad. La madurez sicosocial solo puede ser determinada mediante un estudio sicológico, que nunca fue realizado. Esta irregularidad ya resulta insalvable a estas alturas del proceso, pues ya han transcurrido más de cuatro años de los hechos investigados, un tiempo en el cual Raquel fue madurando por las situaciones vividas y la interacción con otras personas.
Cabe recordar que el pasado 25 de julio la audiencia quedó suspendida a raíz de que los jueces Ramón Trinidad Zelaya y Benito Ramón González se excusaron de entender en la causa alegando que ya emitieron opinión en el juicio a los adultos, que resultaron condenados con penas de entre cuatro y treinta años.
