La defensora pública de Horqueta, María Inés Acosta Fernández, denunció amenazas de parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y del Ministerio del Interior, que la acusaron de obstruir el trabajo del Ministerio de Público en la persecución de supuestos integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Denunció que en su función de defensora pública ha sufrido presiones durante la intervención en el caso de una adolescente de 17 años, tratando de precautelar los derechos de la procesada, quien tiene un hijo en edad de lactancia. La única prueba en su contra es su vínculo familiar con una persona a la que se atribuye ser parte del grupo armado.

“Esto no significa que la misma pertenezca a este grupo o que haya cometido algún hecho punible”, declaró. En la denuncia realizada por la adolescente, esta manifestó que fue torturada por militares vestidos de particular, quienes colocaron una bolsa en la cabeza de la joven y le derramaron agua, la golpearon y le hicieron preguntas sobre el paradero de su familiar.

Posteriormente la amenazaron con que si no brindaba información sería recluida en prisión e incluso la iban a matar. La joven también denunció que se implantó una arma que estaba en posesión de los militares así como balas de revólver. Desde el momento en que asumió la causa, recibió amenazas y advertencias de altos funconarionarios del Ministerio del Interior, quienes le advirtieron que “deje de apretar tanto” y que como defensa obstruye el trabajo del Ministerio Público.

Acosta Fernández sostiene que como sociedad no se puede tolerar hechos de tortura con el supuesto fin de obtener información porque constituye un quiebre del Estado de derecho, además de los amedrentamientos que atentan contra el derecho a la defensa.

L.O.G fue detenida el lunes junto con otros en un confuso episodio que involucra a las fuerzas de seguridad y sus agentes de inteligencia.

En este sentido, el secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, manifestó que las amenazas que está recibiendo la defensora pública María Inés Acosta provendrían de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes están utilizando su poder para desalentar las denuncias de torturas que afectan a miembros de la FTC, con la intención de encubrir estos crímenes, lo que es extremadamente grave.

Asimismo, a Ayala Amarilla le preocupa la seguridad e integridad personal  de la abogada Acosta Fernández, quien en adelante tiene que ser especialmente protegida en esta situación y su denuncia investigada sin dilación alguna por el Ministerio Público.