El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) efectivizó el pasado 13 de enero el tercer y último pago por las 7.701 hectáreas que forman parte del territorio reclamado por la comunidad Xákmok Kásek, ubicada en el distrito de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, a la altura del Kilómetro 340 de la Ruta Transchaco. En total se abonó la suma de G. 27.000 millones.
La sentencia de restitución territorial de la CorteIDH, emitida en 2010, obligó al Estado paraguayo a devolver al pueblo sanapaná 10.700 hectáreas, una parte de su territorio ancestral, y habilitar un fondo de desarrollo para la apertura de caminos, escuelas y puestos de salud a manera de resarcimiento por los daños causados.
El Tribunal consideró que la expulsión no solo violó sus derechos territoriales y encontró al Estado como responsable directo de al menos trece muertes, entre estos once niños, ocurridos en el lapso en que la comunidad estuvo instalada al costado de la ruta. En este tiempo murieron unas treinta personas por las precarias condiciones en que vivían, sostienen los indígenas.
Durante el litigio el equipo jurídico de Tierraviva, organización integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), estuvo a cargo de la representación legal de la comunidad, a través de los abogados Oscar Ayala Amarilla y Julia Cabello.
Sin embargo, ante la dilación en el cumplimiento del veredicto, la comunidad decidió reocupar el territorio a principios de 2015. El plazo dado por el tribunal regional venció en 2013 y, a pesar de la concesión de una prórroga de un año, hasta el momento el fallo ha sido acatado solo de manera parcial. Por este incumplimiento el Estado debe pagar una multa mensual de USD 10.000, pero no existe un mecanismo para aplicar la penalización.
En memoria de los que partieron al infinito
El pasado fin de semana mantuvimos un diálogo con tres líderes de la comunidad, quienes se encontraban en Asunción para avanzar en los trámites de titulación del inmueble. Serafín López, si bien destacó el pago de la última cuota, subrayó que la sentencia aún no fue cumplida en su totalidad, puesto que esta contempla además la construcción de viviendas, escuelas y servicios de salud.
A renglón seguido enfatizó que este logro no es producto de la generosidad ni la voluntad del gobierno, sino de una lucha de más de 20 años es pos de recuperar al menos una parte de su territorio. Estimó que esto no hubiera sido posible si no tomaban la decisión de ocupar la hacienda para exigir el cumplimiento de la sentencia. En el mismo sentido se manifestó Amancio Ruiz, quien insistió en que solo mediante la ocupación se logró forzar que el gobierno libere los fondos para la adquisición de las tierras.
En tanto, Clemente Dermott agradeció a todo su pueblo por no haberse cruzado de brazos y recordó a las personas que dieron la vida en la lucha por volver a su territorio. “Heta oî ohóma apyre’ÿme he’i vaekue ‘pépe che aha vaerã, pea la che róga, ha ndaikatúi. Rovy’a por una parte ha oremandu’a jave hesekuéra rombyasy avei” (hay muchas personas que ya se fueron al más allá (o al infinito) que habían dicho que ‘ahí me tengo que ir, esa es mi casa, pero no pudieron’. Estamos felices, pero también sentimos cuando nos acordamos de todos ellos”, expresó. Actualmente en el asentamiento viven poco más de 60 familias, que totalizan unas 250 personas.
Laguna dulce
Las 3.000 hectáreas restantes reivindicadas por la comunidad están en poder de la cooperativa menonita Chortitzer, propietaria de la estancia Laguna He’ê (dulce) y que en una aparente maniobra para evitar la expropiación lograron que el lugar sea declarado como reserva natural. La laguna que se encuentra al interior de la finca ocupa un lugar preeminente en la memoria y el imaginario de la cultura sanapaná, pues en las condiciones geográficas del Chaco los espejos de agua dulce son altamente apreciados y motivo de una rica tradición narrativa y mítica.
Por su parte, el presidente del Indi, Aldo Zaldívar, dijo que este problema de larga data, que ya lleva 25 años, será resuelto gracias a la decisión del actual gobierno. En su momento el ente alegó que la demora se debió al monto muy elevado de la oferta de venta de los propietarios de la estancia Salazar, Roberto Eaton y Stanley Mobsby. Una tasación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) valuó el inmueble en G. 3.600.000 por hectárea (USD 780 al cambio de octubre de 2014), mientras que la firma solicitaba USD 1.650 por hectárea. El acuerdo terminó cerrándose en USD 800 por hectárea, según información oficial del Indi.
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