La Constitución no es un instrumento jurídico inmutable, y al igual que la democracia misma, con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevas ideas, puede ser perfeccionada, con base al principio de progresividad, de tal modo a adecuar y adoptar las disposiciones de derecho interno que se consideren necesarias, con la finalidad de organizar el poder público y asegurar que su ejercicio favorezca con una mayor eficacia la satisfacción, garantía y el respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, debatir la convocatoria a una constituyente implica la obtención de un amplio consenso político y social para avanzar, sin el cual no es recomendable alentar un proceso de la máxima relevancia política e histórica. Además de la opinión de los partidos y movimientos políticos, los actores y movimiento sociales que diariamente ensamblan los andamios para la construcción de un Estado Social de Derecho son quienes están llamados a ser los partícipes imprescindibles de este debate, dada las características contemporáneas que adquiere la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Asimismo, ante el anuncio gubernamental, la CODEHUPY hace notar los reparos existentes hacia la Justicia Electoral, cuya integridad es fuertemente cuestionada luego de las últimas elecciones generales, por la permeabilidad al financiamiento con dinero ilícito de candidaturas, por la corrupción de funcionarios adscriptos al control de las elecciones y la enorme asimetría existente entre los partidos tradicionales y aquellos de más reciente data, en las instancias de organización y control de los comicios, circunstancia que debería analizarse y debatirse previamente.
En este sentido, para la CODEHUPY, de manera preliminar a cualquier debate sobre la reforma de la Constitución, debe revisarse el sistema de elecciones, cuya modernización y adecuación a nuevos estándares legislativos y administrativos es necesario acometer, para mejorar las garantías de participación política y el respeto de la voluntad popular, sin olvidar a los Pueblos Indígenas que son tributarios de un régimen jurídico y político propio; asimismo, se deben adoptar regulaciones claras y eficaces en relación al financiamiento de los partidos políticos, que permitan combatir decididamente la contribución de dinero proveniente de fuentes ilícitas a las campañas electorales.
Por último, los derechos y garantías reconocidos actualmente en la Constitución, para la CODEHUPY, forman parte del más importante patrimonio democrático alcanzado mediante la lucha de varias décadas por el pueblo paraguayo, por lo que deben ser objeto de una vigilancia permanente, y deben ser defendidos como tal, ante la tentación siempre presente, expresa o solapada, de aquellos sectores retardatarios que de seguro buscaran imponer sus ideas anacrónicas en el escenario de un eventual debate constituyente.
Asunción, agosto 20 de 2018
Coordinación de Turno: Abel Areco, Base IS; Nelly Meza, CMP; y, Guillermo Blanco, Decidamos. Oscar Ayala A., Secretario Ejecutivo.
