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La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) realiza un conversatorio sobre el tema este lunes 13 de mayo, 19 horas, en la Manzana de la Rivera de Asunción, en el marco de la exposición “Desde nuestro rincón de libertad”.

Los dirigentes campesinos Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera llevan 13 años presos por un crimen que no cometieron.

Fueron acusados por el Ministerio Público de decidir, en una reunión de diversos dirigentes sociales de Paraguay, incluyendo referentes del Partido Patria Libre, la muerte de la joven Cecilia Cubas en 2005.

Toda la acusación se basó en una endeble y contradictoria declaración de un testigo policial pagado, que en el proceso judicial dio una versión de los hechos y ante medios de comunicación dio otra.

A pesar de que documentos, testimonios y hasta su propia declaración en diversos espacios lo desmintieron y mostraron sus contradicciones, la Justicia paraguaya sostuvo irregularmente el proceso hasta lograr condenas de 25 años+10 de medidas de seguridad,  sin que en ningún momento existan fundamentos jurídicos que quebraran el estado de inocencia de los campesinos.

Por ese camino, entre fiscales y jueces de la causa habrían vulnerado un total de14 derechos y garantías judiciales de los dirigentes campesinos.

Desde la imputación hasta la sentencia definitiva, los 6 luchadores sociales estuvieron 11 años y medio en prisión preventiva, en evidente uso de ella como pena anticipada.

 “El caso representa una de las mayores injusticias mientras sigan en prisión”, dijo Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la CODEHUPY.

La instrumentación política de procesos judiciales que criminaliza la pobreza, la falta de imparcialidad y la corrupción forman parte de las principales causas de violación sistemática del debido proceso y los derechos humanos, lo que compromete la misma democracia, expresó en el pasado la CODEHUPY.  

El caso de los 6 campesinos fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el pasado, luego de agotarse todas las instancias jurídicas locales.