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El Estado paraguayo sigue sin responder el reclamo por el cual se dio la masacre de Curuguaty

El sábado se cumplieron siete años de la masacre de Curuguaty, y el Estado paraguayo sigue sin adjudicar tierras y beneficiar con políticas agrarias a las familias campesinas  afectadas.

El caso, en general, ilustra los patrones de actuación estatal de las últimas décadas en torno a los conflictos de tierra, que combina la falta de respuesta institucional a las familias agricultoras; la criminalización de sus reclamos y derechos; la corrupción con tierras estatales y el funcionamiento de un sistema jurídico-político que promueve la concentración de tierras y legitima dicha corrupción.

Entre 2004 y 2012 las familias campesinas  que luego fueron afectadas por la masacre de Curuguaty recorrieron todas las instancias institucionales existentes para que el Estado les adjudique las tierras estatales de Marina Kue.

Cuando vieron que se les cerraron todos los caminos institucionales y que el Poder Judicial adjudicaba, en tiempo récord de seis meses, las tierras al empresario, político y latifundista Blas N. Riquelme, pasaron a la ocupación de facto.

Mientras el Instituto de la Tierra (Indert) y la Procuraduría General de la República defendían la titularidad del Estado sobre estas tierras en dos juicios contra Riquelme, fiscales y jueces de Curuguaty se extralimitaban en sus funciones y, a pedido de Riquelme, ejecutaron un total de siete desalojos ilegales y arbitrarios contra las familias campesinas.

El último de los desalojos precipitó los hechos a una masacre con 11 campesinos y 6 policías muertos, y consecuencias graves en todos los ámbitos del país, incluyendo el derrocamiento del Presidente de la República.

 “El Estado paraguayo se presenta como una especie de hidra con muchas cabezas, con muchos rostros… sobre un mismo tema y sobre un mismo hecho”, analiza Milena Pereira,  abogada especializada en gobernanza de la tierra.

Para ella el caso concentra una de las mayores ilegalidades del actuar del Estado paraguayo en los conflictos de tierra, que es la ejecución de desalojos –atribución exclusiva del fuero civil de la ley- por la vía penal.

“La aplicación de este plan de acción conjunta de desalojos, no solo forzosos, sino ilícitos y arbitrarios, que se dan de facto por la vía penal, se transforma básicamente en la regla para expulsar a familias campesinas ocupantes de tierras, para expulsar a comunidades indígenas, y en los últimos tiempos a asentamientos urbanos y periurbanos”, dijo.

En varias de sus investigaciones sobre el tema, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) señala la existencia de políticas de criminalización y represión de la protesta campesina.

Estas políticas combinan ejecuciones; desapariciones; torturas y otros tratos crueles; detenciones y procesamientos arbitrarios o abusivos; desalojos ilegales y arbitrarios; y la puesta en vigor de una normativa legal eminentemente punitiva.

Para la CODEHUPY lo que el Estado busca con esto es desplazar el conflicto social del ámbito de los derechos y mudarlo al ámbito penal, convirtiendo en criminal al actor social que reclama sus derechos y reclama la intervención estatal.

Para Néstor Castro, campesino sobreviviente de la masacre y privado de libertad por seis años de forma arbitraria durante el proceso judicial, el primer paso entre las medidas de reparación estatal en torno al caso debe ser la legalización de las tierras de Marina Kue a nombre de las familias afectadas.

Para eso se deben superar varios desafíos, principalmente sortear la telaraña jurídica y política con la que rodearon a las tierras de Marina Kue, con un juicio abierto en el Poder Judicial sobre la titularidad de la tierra y una ley a través de la cual, irónicamente, el Legislativo paraguayo aceptó la “donación” de las tierras de Marina Kue de parte de los Riquelme.

Luego de la masacre, y principalmente en el último año, las familias campesinas afectadas re-ocuparon las tierras de Marina Kue y levantan un asentamiento humano de manera autogestiva, mientras exigen al Estado la adjudicación de dichas tierras.

Al cumplirse 7 años de la masacre, la CODEHUPY presentó el corto documental Curuguaty Hoy, que actualiza la situación de las distintas aristas del caso y las obligaciones pendientes del Estado. Acá podés ver el tráiler del material, y acá el capítulo que habla sobre tierra.

FOTO: Documental Curuguaty Hoy

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