En los últimos meses distintos sectores de la sociedad paraguaya volvieron a manifestar su malestar hacia el manejo estatal de la política energética del país.

Lo hicieron al rechazar que el Estado utilice a la represa hidroeléctrica Itaipú –que comparte con el Brasil- como garante para contraer deudas con la excusa de hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia por COVID19; también, rechazando una intención del gobierno de abrir el mercado energético a empresas privadas; y finalmente, denunciando casos masivos de sobrefacturación del consumo de energía eléctrica, en plena crisis económica.

En la última década, de hecho, la sociedad paraguaya fue creciendo en su rol de contralora sobre gobernantes que históricamente se destacaron por desarrollar una política de sometimiento y corrupción en los acuerdos con Argentina y Brasil, en torno a la co-administración de las represas hidroeléctricas binacionales de Yacyretá e Itaipú.

El año pasado las movilizaciones ciudadanas no solo obligaron a dejar sin validez un acta bilateral con Brasil -en torno a la contratación de energía en Itaipú para los próximos cuatro años- que mostraba abiertas desventajas para Paraguay, sino además por poco generaron la destitución, por juicio político, del presidente y el vicepresidente, en una de las mayores crisis políticas de los últimos tiempos.

El acuerdo se mantuvo fuera del conocimiento público en todo momento, y solamente se dio a conocer luego de la renuncia del entonces director de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que se negó a firmar el documento.

Además de poner contra las cuerdas al Ejecutivo, la situación generó la renuncia obligada de todas las autoridades diplomáticas y técnicas involucradas.

Este tema lo analiza el Informe Derechos Humanos Paraguay 2019, editado en diciembre último por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

“Itaipú: crisis política, memoria y derechos humanos”, se llama el artículo, escrito por Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la CODEHUPY.

El mismo señala que el episodio de 2019 con la firma secreta del acta bilateral es una alerta dentro del escenario de 2023, año en que Paraguay y Brasil re-negociarán varios términos del tratado original de Itaipú, que durante 50 años estableció beneficios asimétricos en favor de Brasil.

De hecho, en los próximos meses la sociedad paraguaya deberá mantenerse más atenta que nunca para rechazar cualquier iniciativa, sea estatal o del sector empresarial privado, que vulnere la autonomía y capacidad de Paraguay en estas negociaciones.

El artículo sostiene que durante la inminente renegociación del tratado de Itaipú –en su Anexo C- la defensa de los intereses del país no puede reducirse a lo diplomático, técnico o político, sino que además debe fundamentarse en la memoria histórica.

“Conceptos como “soberanía energética”, “renta eléctrica” y “libre disponibilidad” deben ser conectados a la idea de un modelo de desarrollo que favorezca los derechos humanos, económicos y sociales, así como una política de reparaciones de las víctimas de la construcción de la central hidroeléctrica, de quienes no se habla mucho, pero están ahí, aguardando justicia”, señala.

En ese sentido, el material analiza cómo, una de las mayores fuentes de riqueza disponible, antes que contribuir a satisfacer los derechos de la sociedad paraguaya, benefició a una minoría económica, convirtiéndose así en una de las principales fuentes de desigualdad social y conflictos políticos, económicos, ambientales y de derechos humanos.

El material cita, por ejemplo, el caso de 534 familias de 35 comunidades del pueblo indígena ava guaraní de los departamentos de Alto Paraná, que fueron desplazadas forzosamente en los años 70 durante la construcción de la represa, y que hasta el momento no fueron ni reubicados o resarcidos como se debe.

Una de las comunidades afectadas, Tekoha Sauce, decidió recuperar sus tierras tradicionales en 2015, y desde entonces es blanco de una persecución legal por parte de la binacional, que mantiene latente una orden de desalojo con desahucio contra las familias.

Mientras la binacional se muestra implacable contra las familias indígenas –señala el artículo- es displicente con productores sojeros, clubes sociales y narcotraficantes, que operan en las mismas tierras, como lo constató una investigación periodística reciente.

El artículo invita a tener presente en los debates en torno a Itaipú una mirada integral, donde encontramos cómo la construcción de la represa impactó en la formación histórica, económica y socio-ambiental de miles de personas del país.

“La renegociación del tratado en 2023 debe ser vista como una oportunidad para discutir como sociedad todos estos temas. El futuro tiene que ser el resultado de la compresión del pasado. Tal vez así Paraguay tenga mayores chances de reconciliarse consigo mismo y de forjar colectivamente un destino mejor, que le permita luchar por sus derechos sobre la obra de ingeniería más grande que se haya construido en esta parte del mundo, para que la misma esté al servicio de la satisfacción de los derechos de toda la población paraguaya, y no solamente de esa pequeña minoría “fraudulenta” que ha propiciado su postergación en las últimas décadas”, concluye.

El material señala que un trato justo y equitativo en el aprovechamiento de los recursos de la hidroeléctrica, a partir de 2023, “puede suponer la sólida construcción de los cimientos del Paraguay del futuro”

En este enlace se puede descargar el artículo http://codehupy.org.py/itaipu-crisis-politica-memoria-y-derechos-humanos/