La Asociación Indigenista del Paraguay (AIP) y el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción (Ceaduc) otorgaron el pasado 12 de octubre el premio Miguel Chase-Sardi a la comunidad Sauce, que el 30 de setiembre fue desalojada de una fracción de poco más de 1.000 hectáreas que compone parte de su territorio ancestral en la actual zona de Minga Porã, departamento de Alto Paraná.
El acto fue realizado en el local de la AIP y contó con una importante concurrencia de activistas y antropólogos que trabajan en la temática indígena en Paraguay. El veredicto del jurado señala que el reconocimiento se da “por los sufrimientos padecidos en defensa de su territorio ancestral y por el reciente, injusto y forzoso desalojo de su hábitat”.
La misionera Mariblanca Barón, quien viene acompañando a la comunidad, brindó una reseña histórica del pueblo avá-guaraní paranaense, recordando que en los setenta fueron desplazados de sus tierras por la construcción de la represa de Itaipú no habiendo sido resarcidos hasta ahora por ello. La religiosa también invitó al presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Aldo Saldívar, a informarse y actuar conforme a las responsabilidades que le impone el cargo, pues durante una reunión entre distintos órganos del Estado el funcionario había negado la existencia de los avá-guaraní paranaenses. Esto a pesar de la amplia documentación que registra la presencia de este pueblo en la cuenca del Paraná desde tiempos inmemoriales.
En representación de la comunidad, el líder Cristóbal Martínez recibió una placa de reconocimiento y un premio en dinero, que según anunció será destinado para asistir a las familias que perdieron casi todas sus pertenencias durante el procedimiento, habiendo sido destruidas sus casas, escuela, templo, ropa, cultivos e incluso robados sus animales domésticos. Tras el desahucio, el casi centenar de personas que fueron desalojadas se refugiaron al borde de la reserva Limoy de Itaipú, donde también están siendo amenazados de ser sacados, denunció Martínez.
Por su parte, Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), habló sobre el marco legal internacional que fue violentado en el desalojo a la comunidad. Mencionó que existe jurisprudencia internacional que reconoce que la sola existencia de los pueblos indígenas es garantía suficiente para que estos vivan libremente en sus territorios. Asimismo, sostuvo que la formalidad legal, incluso en el caso de que medie un título de propiedad, no puede ser una justificación para violar derechos.
Al cierre del acto el pa’i Bartomeu Melià tomó la palabra y en una vehemente intervención calificó lo sucedido como un acto de “delincuencia”, afirmando que la historia del Paraguay es la historia de la destrucción de la nación guaraní. Además sostuvo que la Itaipú hasta ahora incumple los compromisos asumidos con los órganos financistas de la obra, como el Banco Mundial, de restituir sus tierras a los indígenas afectados por la represa, pero que fueron a parar a manos de militares y amigos del régimen de Alfredo Stroessner.
