Ernesto Ojeda, un joven estudiante secundario que en el año 2017 tomó el Colegio Fernando de la Mora con sus compañeros como medida de protesta, exigiendo a las autoridades mejoras para la educación en el país, será juzgado por el Ministerio Público y corre el riesgo de enfrentarse a una pena carcelaria.
¿Quién va preso por reclamar mejoras en educación? Solo en Paraguay pasa eso, dijo Ernesto en una entrevista para Codehupy. El Juicio Oral y público se realizará mañana, jueves 1 de agosto en el Poder Judicial (calle Cecilio Báez y Ángel Torres) de la ciudad de Fernando de la Mora a las 8:30 horas. Se prevé tenga una continuidad el próximo miércoles 7 del mismo mes.
Ojeda es acusado por los delitos de coacción, coacción grave, privación de libertad y resistencia, fueron muchos los jóvenes que tomaron el colegio en septiembre del año 2017, sin embargo, Ernesto fue individualizado por ser la cara visible de la protesta ejercida en ese momento, pues ejercía como Coordinador Ejecutivo de la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes).
La Abogada Sonia Von Lepel de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHPY) es quien lleva la defensa de Ernesto Ojeda. Von Lepel comentó en una entrevista que a Ernesto se le acusa de haberse resistido a que la policía revise su mochila, dijo que esta es una práctica sistemática y desde la Codehupy se sostiene que no se puede realizar inspecciones corporales, inspecciones en la calle ni exigir documentos sin que exista indicios mínimos de comisión de delitos, no existe la prevención con el argumento de violentar el derecho a la intimidad de las personas, el Estado no puede presumir que todo el mundo comete hechos punibles para poder inspeccionar. “Hay un procedimiento a seguir para la inspección colectiva, y en este caso creemos que esta inspección colectiva que intentó realizar la policía es totalmente ilegal, porque no reúne los presupuestos que estable la norma”.
Agregó además, que esto se debe a una criminalización estatal, el Estado responde así, impide que la gente haga uso de su derecho constitucional del derecho a la protesta. Por otro lado, mencionó que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece claramente que los adolescentes deben ser juzgados por un tribunal especializado, desde el 2001 está vigente el Código de la Niñez, sin embargo, hasta la fecha el Estado Paraguayo no cuenta con un tribunal especializado, los adolescentes son juzgados bajo las reglas del procedimiento penal adolescentes, pero por personas que no tienen la especialización, ni la mirada para juzgar a los adolescentes.
Acompañan esta lucha organizaciones que defienden los derechos de la niñez y la adolescencia, como también de comunidades estudiantiles como es el caso de la Fenaes y la Facso.
Asimismo, la Asociación Callescuela se pronunció ante este caso, exigiendo que se haga justicia para Ernesto y que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes a organizarse y a participar. Ernesto Ojeda debe ser juzgado por un tribunal especializado en derecho penal de la niñez y adolescencia como exige la ley, expresó Norma Duarte, miembro del directivo de la Asociación Callescuela.
Amnistía Internacional también se expresó ante este caso a través de un manifiesto, que expresa que debido a que el juicio en contra de Ernesto Ojeda no cuenta con las garantías adecuadas y que está basado en un uso abusivo del sistema penal, representa una respuesta del Estado que criminaliza el activismo social y manda un mensaje amedrentador a otras personas jóvenes que quieran luchar por sus derechos.
El caso de Ernesto Ojeda no es el único que reúne estas características donde el Ministerio Público criminaliza a estudiantes que protestan reclamando sus derechos, desde el 2015 hasta la fecha, van como 16 estudiantes secundarios y universitarios que fueron imputados.
Para más información:
Sonia Von Lepel, abogada de CODEHUPY; +595 991 450481
