El Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, ALAMES, capítulo Paraguay, el Sindicato Auténtico de docentes del instituto Dr. Andrés Barbero, SINADIAB, La Coordinadora de padres de estudiantes de medicina de la UNA, ACADEI, Tesaî Reka Paraguay, expresamos nuestra profunda indignación por la situación actual de la Salud en nuestro país, por lo que manifestamos lo siguiente:
La vida es el bien más preciado y un derecho indiscutible para toda la especie humana, y la salud es una condición necesaria para una vida en plenitud, que permita realizarnos como seres humanos y como sociedad. Todo derecho humano es irrenunciable.
Las Salud es un Derecho Humano y nuestra Constitución Nacional lo afirma, el Estado Paraguayo lo ha ratificado en numerosos convenios y tratados internacionales comprometiéndose a garantizar el cumplimiento del Derecho a la Vida y la Salud.
Ante la instalación de un gobierno autoritario en nuestro país los Derechos Humanos van perdiendo progresivamente su vigencia de la mano del presidente Horacio Cartes que restablece el neoliberalismo en el Paraguay transformando los Derechos fundamentales como la salud en una mercancía que se compra y se vende en el mercado.
Presenciamos un oscuro momento de retrocesos en las conquistadas de libertades en los últimos años, la perversión de la justica y las instituciones, y el avasallamiento de los derechos laborales de los trabajadores de salud.
Denunciamos la persecución y el hostigamiento que sufren los trabajadores de la salud que ponen en evidencia el abandono que sufren los sectores más carenciados, las prácticas corruptas en el Estado y la precaria situación de los trabajadores, el despido masivo, e incluso de mujeres embarazadas, y enfermas. Un ejemplo de ello es la descontratación del Dr. Raúl Morel, médico de la Unidad de Salud de la Familia de La Patria, Mcal. Estigarribia, y su compañera Liz Carolina Galeano, que estando en tratamiento por enfermedad ha sido desvinculada laboralmente.
La muerte por suicidio de 9 enfermeras/os en el 2016 son una muestra desgarradora del trabajo que enferma, destruye y socaba la ganas de vivir de los trabajadores, al punto de perder todo entusiasmo por la vida.
Hace apenas unos días asistimos a un suceso que escandalizaría a cualquier gobierno que se jacte de ético y sostenga como valor supremo la vida de todos quienes habitan este país. Un hombre a quien se le agotaron los recursos económicos para atender su salud y la de su familia apela al suicidio. El hecho de que una persona renuncie a la vida en la misma institución hospitalaria, en un acto extremo por la falta de protección de sus derechos fundamentales, por el abandono inmisericorde ante su sufrimiento, por la impotencia para enfrentase a tamaña crueldad, es un grito desesperado que debería sacudir en primer lugar a las autoridades nacionales y especialmente sanitarias.
Tomamos como nuestro este grito desesperado y denunciamos enérgicamente la insensibilidad de este gobierno ante las necesidades y el dolor de la gente, a quienes condena a mendigar por la atención a la salud, por el acceso a los medicamentos, a los estudios de diagnóstico y hasta por el cajón de sus muertos.
Denunciamos el desmantelamiento intencional del sistema público de salud por la vía del desabastecimiento, la precarización laboral de los trabajadores de la salud, el abandono de los hospitales y centros de atención y la falta de presupuesto para el cumplimiento de su función social.
Denunciamos la desasistencia programada del sistema de salud como parte de un plan de privatización de los servicios públicos de salud, fiel al plan neoliberal del gobierno de conducir el país como una empresa, con el falso argumento de que es insostenible un sistema público gratuito, universal, equitativo e integral desde el presupuesto del estado.
Denunciamos la reinstalación de la partidización de los servicios de salud que ha vuelto a imponer el clientelismo, el tráfico de influencias, el padrinazgo y el prebendarismo que mantiene secuestrada la voluntad y la libertad de las personas.
Denunciamos la indiferencia con la que reaccionan las instituciones y en especial la Universidad Nacional ante las denuncias de acoso sexual, las práctica agresivas, prepotentes, abusivas y humillantes de algunos docentes de la facultad de Ciencias Médicas, que son de público conocimiento, en la que los alumnos se encuentran indefensos ante profundas injusticias y a merced de verdaderos psicópatas, lo que constituye un atropello a los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la dignidad de las personas.
Estamos asistiendo a un estado de terror que nos conduce a la pérdida de horizonte y de la dignidad misma, a la renuncia de nuestros proyectos de vida vencidos por el dolor y el abandono, esto es terrorismo de estado de baja intensidad, pero igualmente letal.
Responsabilizamos al Presidente de la República y al Ministro de Salud por los graves atropellos a la vida, la dignidad y la integridad de las personas y los acusamos de ser promotores de una cultura de la muerte y desesperanza de nuestro pueblo.
LA SALUD ES UN DERECHO. NO SE COMPRA, NO SE VENDE, NO SE MENDIGA.
