El 17 de enero de 2002 los dirigentes políticos del Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí, fueron secuestrados y torturados por la policía permaneciendo clandestinamente detenidos durante dos semanas. Cuando fueron secuestrados, de manera oficial se hizo circular la versión de que se fugaron por su supuesta implicancia en el secuestro de María Edith de Debernardi. El hecho es considerado como uno de los episodios de terrorismo de estado más graves ocurridos luego del derrocamiento de la dictadura.
El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió estudiar la causa a raíz de que existían elementos suficientes para presumir que los agentes del Estado violaron el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, el derecho de circulación y de residencia, protección judicial y que se habrían cometido hechos de tortura.
Los familiares de Arrom y Martí denunciaron que aquellos habrían sido arbitrariamente detenidos, mantenidos en cautiverio y sometidos a torturas entre el 17 y el 30 de enero de 2002. Ambos fueron hallados en una vivienda ubicada en la ciudad de Villa Elisa con señales de haber sido sometidos a apremios físicos presentando lesiones en la cabeza, garganta, pulmones, testículos y extremidades inferiores a causa del ahogamiento y golpes.
“Afirman que las investigaciones criminales en relación con estos hechos carecieron de independencia, imparcialidad y profesionalismo y que los recursos intentados no habrían sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar, a los responsables”, dice el documento de admisibilidad.
Por su parte, el Estado alegó que ha investigado el hecho y otorgado garantías suficientes a las víctimas, pero que tras culminar las pesquisas no se encontraron elementos para sostener una acusación.
La denuncia también apunta al entonces fiscal general del Estado, Oscar Latorre, por haber permitido que agentes a su cargo hayan tenido conocimiento, participado, avalado y encubierto a quienes cometieron la detención ilegal, la desaparición forzosa, el secuestro y tortura de los dirigentes políticos.
Entre los torturadores fueron reconocidos por las víctimas los entonces subcomisario Saturnino Antonio Gamarra Acosta, los efectivos policiales José David Schémbori Ocampos y Francisco Servián, Julio César Díaz, el oficial inspector Nelson Alderete, el oficial inspector Elías Gómez, el oficial 1° Feliciano Martínez, el suboficial Gustavo Limenza, el suboficial Pablo Morínigo, el comisario Roberto González Cuquejo, jefe del Departamento de Investigaciones; el teniente coronel Mario Restituto González, del Servicio Nacional de Inteligencia, y el mayor Enrique Sarubbi
También reconocieron a Javier Benjamín Cazal Elizeche, ex director del Centro de Investigación Judicial (CIJ) dependiente del Ministerio Público, y se encontraron conexiones con Felipe Acuña Vergara, funcionario de la Presidencia, y Esteban Aquino Bernal, asesor antiterrorista de la Corte Suprema de Justicia.
En la denuncia se relata que Arrom, en su intento por dejar de ser torturado, solicitó negociar con una autoridad. Ante el requerimiento le ofrecieron hablar con el entonces ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Gustavo Ferreira, y también mantuvo una comunicación telefónica con el entonces ministro del Interior, Julio César Fanego Arellano, quien le habría ofrecido garantías para abandonar el país si aceptaba firmar una confesión preelaborada en que se inculparan por el secuestro de la señora Debernardi. Ambos ministros debieron renunciar ante el escándalo generado por el papel que cumplieron en este episodio.
En la causa fueron imputados el funcionario del Ministerio Público Javier Cazal, el subcomisario Antonio Gamarra y el suboficial José Schémbori, pero posteriormente fueron sobreseídos supuestamente por orden del propio fiscal general Latorre a cambio de que no involucraron a ningún superior en el secuestro y tortura de Arrom y Martí. Estos actualmente se encuentran en Brasil en calidad de refugiados políticos.
