El pasado sábado 8 de octubre un contingente policial escoltó a productores brasiguayos para realizar trabajos de siembra de soja en un inmueble ubicado en la comunidad Guahory, departamento de Caaguazú, donde a mediados de setiembre fueron desalojadas 200 familias en un procedimiento encabezado por los fiscales Alfredo Mieres y Alfirio González.
De acuerdo a la denuncia realizada por los colonos, un tractorista fue herido por arma de fuego, en tanto que un proyectil impactó en el tractor en un supuesto ataque atribuido a los labriegos desalojados. Por este hecho el fiscal Alejandrino Rodríguez ordenó la detención de cinco personas por tentativa de homicidio. Se trata de Miguel Velázquez Espínola, Antonio Velázquez Espínola, Silbano Ramos Guerreño y Andrés Brizuela Centurión, además de un brasileño apodado Dunga.
Sin embargo, uno de los imputados, Andrés Brizuela, se encuentra en Asunción desde hace tres semanas tomando parte de manifestaciones frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para exigir una solución al conflicto, aseguró. En la tarde de este lunes conversamos con Brizuela en la plaza Uruguaya, donde acampan los labriegos, y señaló que no podía brindar detalles sobre lo ocurrido el sábado, pues se encuentra en Asunción desde hace tres semanas.
“No estuve yo ahí el sábado. Hoy hace tres semanas que vinimos acá y desde que vine no volví. Parece que hicieron una denuncia al azar y pusieron los nombres y me nombraron a mí como autor de este hecho. Lo niego rotundamente porque yo no estuve en ese momento ahí y tengo pruebas suficientes de que no estuve ahí e incluso algunos senadores llegaron junto a nosotros esa mañana y tuvimos una conversación. Y en la tarde de ese sábado estuvimos sobre la calle Brasil repartiendo volantes sobre lo que pasó en Guahory”, expresó.
Añadió que considera la posibilidad de plantear una contrademanda por haber sido involucrado en un hecho en el que no tuvo participación. También calificó de “vergonzosas” las declaraciones de los colonos brasiguayos, que reconocieron haber dado “regalos” de hasta 20 millones de guaraníes cada uno a los policías que participaron del operativo. En este sentido dijo que se trata de un claro soborno, a cambio de lo cual la fiscalía está imputando y persiguiendo a personas inocentes.
Hasta el momento ya existe un detenido, identificado como Antonio Velázquez Espínola, quien según las informaciones sería llevado esta tarde a declarar ante la fiscalía.
Con relación a los eventos del sábado, la policía emitió informaciones confusas y contradictorias, señalando por un lado que no se registró ningún tipo de incidente, pero por otro se difundió la versión sobre este supuesto ataque en que habría resultado herido un tractorista.
De su parte, el director de la escuela Virgen de Fátima, Crispín Urunaga, emitió un informe en que relata que hacia el mediodía del pasado sábado un contingente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y antimotines, con apoyo de un carro hidrante, atropellaron la institución con la intención de arrestar y quitar del lugar a padres y madres que se encuentran acampando en el predio. Ante el reclamo de un grupo de mujeres por la actuación policial, los agentes amenazaron con quemar la iglesia y escuela e iniciaron una represión con golpes y balines de goma, resultando herido un niño que recibió un proyectil cerca de los ojos.
El propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) reconoció que muchas familias campesinas desalojadas ya han realizado el pago por sus tierras, pero funcionarios del ente duplicaron títulos y vendieron los mismos inmuebles a productores brasiguayos. A pesar de que no se dirimió aún por la vía judicial la legalidad o no de los títulos de los colonos extranjeros, las familias campesinas fueron expulsadas de las tierras que ocupan hace unos 25 años en un procedimiento en que se tumbaron y quemaron casas, además de la destrucción de los cultivos de subsistencia de las familias.
