Varias organizaciones de la sociedad civil iniciaron el pasado 20 de setiembre las mesas de trabajo con vistas a elaborar una agenda conjunta de exigibilidad al Estado en materia de derechos humanos y políticas públicas. El punto de partida fueron las recomendaciones aceptadas por el Estado paraguayo durante el último Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La actividad, que se realizó en el Salón de Actos del Centro de Producción para el Apoyo a la Discapacidad (CEPADIS) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), es llevada a cabo de manera conjunta por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Amnistía Internacional y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), con apoyo técnico de la Asesora en Derechos Humanos para Paraguay de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH).
En representación de la Codehupy, nuestro secretario ejecutivo, Óscar Ayala, habló sobre las experiencias en la presentación de información adicional de organizaciones de la sociedad civil al EPU y otros Mecanismos Convencionales de Derechos Humanos. En este sentido, Ayala señaló que el desafío es transformar los informes en instrumentos de acción ciudadana para fortalecer la institucionalidad en derechos humanos en un contexto en que se presentan eventos críticos que demuestran el vaciamiento democrático que estamos sufriendo.
Puso como ejemplo la actuación de agentes del Estado en casos como el desalojo en Guahory, departamento de Caaguazú, donde se violaron numerosos derechos de la población campesina en un desahucio sin respaldo legal y con participación de civiles que habrían incluso financiado el operativo, tumbando casas y destruyendo los medios de vida de las familias como sus cultivos.
El pasado martes se tuvo el primer encuentro de una serie de tres donde se abordarán las recomendaciones en materia de derechos civiles y políticos, fortalecimiento institucional y derechos económicos, sociales y culturales. Esto con el fin de socializar el contenido de las recomendaciones y coordinar acciones con el propósito de que el Estado cumpla los compromisos asumidos.
