La abogada Julia Cabello, de la organización Tierraviva, sostiene que en el Paraguay persiste una discriminación estructural que impide a los pueblos indígenas el pleno acceso a sus derechos. Fue a propósito del examen al que concurre el Paraguay entre este 8 y 9 de agosto ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Cabello explica que esta discriminación estructural se manifiesta en la falta de un marco legal adecuado y de instituciones que implementen políticas públicas para hacer efectivo el goce de derechos, puesto que la intervención del Estado se expresa tan solo a través de medidas paliativas. De esta manera los pueblos indígenas siguen sufriendo vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales, condenados una pobreza segura y con grandes dificultades en el acceso territorial.

La abogada señala que toda esta situación se ve agravada por la falta de una ley contra toda forma de discriminación que tipifique y sancione este tipo de conductas, en particular si proviene de funcionarios del Estado encargados de impartir justicia y cuyos fallos en la generalidad de los casos  se resuelven en contra de los grupos más vulnerables. Es más, incluso la propia legislación favorece a los empresarios que no quieren vender sus tierras frente a los reclamos territoriales indígenas, ejemplifica.

Como muestra patente de esta situación menciona que el Estado tiene tres condenas internacionales de restitución territorial cuyo cumplimiento se encuentra en una mora excesiva. En el caso de la comunidad Sawhoyamaxa, se sancionó una ley de expropiación luego de que ingresaran a sus tierras ancestrales, pero aún ahora no acceden al título a raíz de la resistencia del empresario alemán Heribert Roedel a abandonar el territorio. Incluso un líder de la comunidad, Carlos Mareco, fue amenazado con un arma de fuego por un capataz de la estancia en presencia de policías, sin que el hecho haya sido investigado ni mucho menos se hayan aplicado sanciones al responsable. La abogada Cabello también fue sancionada por la Corte Suprema de Justicia a raíz de haber criticado la admisión de una acción de inconstitucionalidad presentada por Roedel contra el monto de la indemnización cuando una acción anterior interpuesta contra la ley de expropiación ya había sido rechazada.

Con respecto a la comunidad Xákmok Kásek, el Estado no ha comprado las tierras a pesar de que incluso existió una oferta de venta parte de los propietarios. Por el lado de la comunidad Yakye Axa, aunque se ha aceptado una oferta de ubicación en un territorio alternativo, el Estado no ha construido los caminos necesarios para poder entrar a las tierras, por lo que los nativos siguen viviendo al costado de la ruta sin poder mudarse.

Otra flagrante violación de los derechos de los pueblos indígenas es la falta de consulta y participación de los proyectos que les afectan y ponen en riesgo a comunidades en aislamiento voluntario, como los ayoreo. Los principales peligros son las actividades extractivas y agropecuarias basadas en el uso de paquetes tecnológicos como los insumos químicos que dañan sus medios de vida y subsistencia, además de generar altos niveles de deforestación.

En general, Cabello observa que la misma estructura del Estado discrimina a los pueblos indígenas, con un ente como el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) con bajo presupuesto y poca autonomía. En este sentido apunta que este organismo se dedica a implementar medidas meramente asistencialistas que no solucionan el problema de fondo y permite que los indígenas sigan muriendo sin acceso a sus territorios ni los servicios básicos mínimos como salud y educación.

Llamó la atención a los miembros del CERD la falta de mención en el informe del Estado paraguayo sobre la situación de la población afrodescendiente, cuya existencia no fue tenida en cuenta por los representantes gubernamentales. Los expertos del CERD también expresaron su preocupación por los altos nives de concentración de la tierra, el bajo acceso a los servicios sanitarios y a agua potable.