Durante una reunión mantenida con la Comisión Permanente del Congreso, realizada el pasado 6 de enero, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, insistió en que la solución para el conflicto en la Colonia Guahory, departamento de Caaguazú, es el traslado de las familias campesinas a otro sitio de manera que los productores brasiguayos permanezcan en el lugar.

En un reporte sobre la audiencia el sitio oficial del Senado menciona que Cárdenas expresó que su objetivo es buscar una solución pacífica al problema, pero que hay un grupo que se niega a abandonar las tierras de Guahory y rechaza el plan de traslado a unas tierras ubicadas en el distrito de Yhú, a unos 40 km del lugar. Los campesinos que no aceptan la reubicación sostienen que las tierras no son aptas para el cultivo y que las personas que aceptaron el acuerdo están hacinadas en un tinglado sin alimentos y sin poder cultivar. Denuncian además que se trata de un negociado.

“Queremos que el Parlamento nos acompañe y que nos ayude como Poder del Estado a llegar a un acuerdo y que no haya ningún hecho a lamentar a futuro. No queremos llegar a los niveles de violencia a los que se ha llegado en años anteriores para solucionar este conflicto”, dijo Cárdenas citado por la web de la Cámara Alta.

Cárdenas añadió que firmaron un acuerdo con la comisión vecinal para la recuperación de 40 hectáreas en Guahory y la reubicación de las familias restantes en unas 1.500 hectáreas en Yhú, un plan que incluiría a unas 200 familias. “Esto es algo que ya se está haciendo, no son solo promesas”, aseguró.

Desde hace varios años existe una disputa sobre inmuebles en esta zona a raíz de que a través de una movida fraudulenta realizada por funcionarios del Indert se duplicaron los títulos y las mismas tierras fueron vendidas a distintos titulares. Si bien las familias campesinas paraguayas pagaron por las tierras y sus trámites se encuentran en distintos niveles, los productores brasiguayos habrían pagado millonarias sumas a la policía para ejecutar el desalojo, para lo cual incluso contaron con el apoyo de un helicóptero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).