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18 de noviembre del 2016

La joven Raquel, sobreseída en un juicio por la masacre de Curuguaty, nos cuenta qué espera para el futuro. Resumen de la jornada en que el proceso fue declarado nulo por el Tribunal de Sentencia.

Raquel fue durante la mayor parte del proceso por la masacre de Curuguaty una persona anónima. Para resguardar su identidad era nombrada bajo las siglas de su nombre y sin fotografías que revelaran su rostro. Tenía 17 años aquel 15 de junio de 2012. Tenía a su hijo Derlis, entonces de tres meses, en el brazo. La policía llegó y los rodeó dejándolos en el medio. Oyó los disparos y corrió. Apenas podía ver y respirar por los gases lacrimógenos y se tiró entre los matorrales para proteger a su hijo.

Intentar salvar su vida y la de su hijo le valió un proceso de más de cuatro años, 17 días en la cárcel del Buen Pastor y un año y nueve meses de arresto domiciliario. Durante todo este tiempo debió viajar cada mes para firmar el libro de comparecencia en el juzgado de Salto del Guairá, no podía cambiar de domicilio sin autorización del juzgado ni salir del país. El fiscal Jalil Rachid la había acusado de haber hecho de “señuelo” con su hijo en brazos para crear un ambiente de confianza en los más de 300 policías y proceder a realizar una emboscada. Ante una supuesta señal dada por Rubén Villalba, según el Ministerio Público, Raquel corrió antes de iniciarse el tiroteo.  Por esto enfrentó un juicio por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad.

“Ijapu. He’ireinte. Ha’ekuéra ko la ñande embosca va’ekue ha ojuka la orecompañero kuéra ha icompañero kuérape avei. Ore ropyta mbytépe ha la policía orerrodeá. Oiko la tiro ha sarambi. Umi odisparaba entero la policía ojapi chupe. Omombo gas ha apenas ro respirá” (Mentira. Dicen en vano. Ellos fueron los que nos emboscaron y mataron a nuestros compañeros y a sus propios compañeros también. Nosotros nos quedamos en el medio y la policía nos rodeó. Empezaron los tiros y la confusión. A los que corrían la policía les disparaba. Tiraron gas y apenas podíamos respirar”, rememora Raquel.

Tras ser nombrado como viceministro de Seguridad Interna, el fiscal Rachid fue reemplazado por Leonardi Guerrero. Durante el juicio el agente fiscal pidió el rechazo de todas las peticiones de la defensa de anular el juicio por las irregularidades insalvables cometidas en el proceso. Se mantenía en que Raquel formó parte de una organización criminal jerárquicamente organizada para hacerse de un inmueble a sabiendas de que era ajeno y que para ello llevaron a cabo un plan para matar policías. El papel de Raquel, como dijimos, habría sido correr con su hijo en brazos al iniciarse el tiroteo, o un poco antes, según la fiscalía.

Raquel fue en principio asistida por la defensora pública Ruth Contreras, quien no presentó ninguna prueba a su favor e incluso actuó como parte acusadora coaccionándola a “confesar” e inculpar a su compañero y padre de su hijo, Rubén Villalba, a cambio de una pena más leve. Durante todo ese tiempo fue amenazada y sometida a torturas sicológicas. Y aquí viene el pequeño gran detalle que definió la historia. Quizá en un intento de borrar cualquier vestigio sobre los maltratos sicológicos que sufrió, nunca le fue realizado el estudio sicológico para determinar el grado de madurez sicosocial con que contaba al momento de los hechos.

Esta es una pericia obligatoria en el proceso penal adolescente, pues el artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que “un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el hecho tenga madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento”. La única manera de comprobar esto es mediante un estudio sicológico. Por ello las abogadas Mirta Moragas y María José Durán presentaron un incidente de nulidad a raíz de que esta falta constituye un violación irreparable al debido proceso. Durante el juicio, la defensa fue llevada por la abogada Sonia von Lepel con la asistencia de Diego Terrazas, quienes además solicitaron la exclusión de un estudio socioambiental que fue practicado por una abogada, una profesional no idónea para realizar tal pericia.

El fiscal Guerrero planteó que la pericia sicológica sea realizada a estas alturas del proceso argumentando que tal estudio no tiene por fin determinar la culpabilidad de un adolescente, sino las medidas socioeducativas pertinentes que deban aplicarse. También pidió convocar a un sicólogo para el análisis de su expediente escolar asegurando que con ello podía comprobarse que Raquel tenía la madurez suficiente al momento de los hechos.

Derlis se divertía en los ascensores y escaleras mecánicas del tribunal de Salto, un edificio de tres plantas de estilo shopping que funge de Palacio de Justicia. La espera se hacía interminable. Tras un receso de poco más de dos horas, el Tribunal de Sentencia volvió a la sala para dar a conocer su veredicto. El presidente, Bonifacio Rojas, iniciaba la lectura. Con voz apenas audible empezó citando artículos de leyes y tratados. La jueza Sofía Jiménez lo interrumpió para que realice la lectura de manera más pausada. El juez Víctor Godoy parecía el único tranquilo. El fiscal Guerrero tomaba notas compulsivamente. Von Lepel empezaba a sonreír y Raquel permanecía con su gesto impasible de siempre.

Palabras más palabras menos, el jueves 17 de noviembre el Tribunal resolvió que la pericia se debió realizar obligatoria e inmediatamente al inicio del proceso para despejar cualquier tipo de duda sobre la capacidad de la procesada de llevar a cabo un hecho punible y entender la consecuencia de ese acto. Observó que esta falta supone una violación al debido proceso y a las normas constitucionales, las leyes y los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario. Añadió que la falta de este estudio es un vicio que ya no se puede sanear, puesto que han transcurrido más de cuatro años de los hechos investigados, por lo que declaró la nulidad del proceso y el sobreseimiento definitivo de la joven.

“Avy’aiterei. Ni na pensái la arekotaha la che libertad. Heta chemo sufri hikuái ha che membýpe avei. Heta problema ahasa, vy’aÿ. Aime aikue presa, ajemaltratá. Ivai la injusticia jahasa va’ekue” (Estoy muy feliz. Ni no pensé que iba a lograr mi libertad. Mucho me hicieron sufrir y a mi hijo también. Muchos problemas pasé, mucho sufrimiento. Estuve presa, me maltrataron. Fue muy fea la injusticia que pasamos”, resume Raquel, quien ahora tiene 22 años y un mitã’i akahatã de cuatro años que no duda en dar sus opiniones sobre todo lo que ve.

“Ha mba’e ou ko’ãnga? (¿y qué viene ahora?”, le pregunto. “Ha che ména ko oî preso ha la che sueño ko ojeopoi chugui ikatu haguãicha jaime oñondivepa (y mi marido está preso y mi sueño es que lo suelten para que podamos estar todos juntos)”, añora.

 

En la foto, Raquel al término del juicio con el equipo de la Codehupy, el encargado de prensa Paulo López, la abogada Sonia von Lepel (con Derlis en el brazo), el abogado Diego Terrazas y el secretario ejecutivo, Óscar Ayala Amarilla.