1. El viernes 30 de setiembre, nuevamente, fuerzas policiales y agentes estatales de varias dependencias de gobierno procedieron a realizar un desalojo forzoso, en un capítulo más de la discriminación y violencia estructural que están desarrollando sistemáticamente, en esta ocasión contra la comunidad indígena Sauce Avá Guaraní, de Minga Porã.
2. Con un despliegue de fuerza absolutamente desproporcional, fuentes creíbles señalan que fiscales, 12 patrulleras, ómnibus con agentes de la GEO, policía montada y responsables del Instituto Paraguayo del Indígena llegaron a la zona para proceder al desalojo, acentuando aún más la vulnerabilidad de los miembros de la comunidad indígena y la profunda violación a la que es sujeta desde hace años.
3. Esta comunidad indígena es una de las tantas que fue expulsada durante la construcción de la hidroeléctrica Itaipú y que jamás fue indemnizada. Ante esto, y sin ninguna otra alternativa regresaron a sus tierras ancestrales, para encontrarse con otro titular, Germán Hutz, aparentemente consuegro del vicepresidente de la República Juan Afara, quien encontró el eco favorable en las autoridades leales a la política sectaria que privilegia a los más poderosos, procediendo a expulsar a los indígenas de las tierras que siempre les pertenecieron.
4. Este lamentable hecho se suma a otra noticia también dada a conocer esta semana, la que señala a dos niños indígenas de la comunidad Mboi Jaguá de Curuguaty internados, aparentemente, por afecciones producidas por agrotóxicos, sin que hasta el momento ninguna autoridad del Estado haya anunciado públicamente las medidas a ser tomadas por estos hechos que deberían crispar la estructura estatal y conmover a la opinión pública.
5. Ambos hechos, sin embargo, no producen más que la más absoluta pasividad en el gobierno, que debería incoar todos los medios para proteger a la parte más vulnerable de una situación que evidencia la más severa desigualdad.
6. Lamentablemente, estas noticias, sin bien indignantes, no sorprenden, puesto que suman a la larga lista de violaciones y desprecio por los derechos humanos que ante la comunidad internacional hipócritamente aplauden.
7. Exigimos, como red de instituciones de derechos humanos y como ciudadanos, la inmediata protección de todas las personas afectadas por los hechos narrados, así como el inmediato reingreso de los indígenas a sus tierras entre tanto se defina la situación jurídica que los afecta. Caso contrario, el Estado no hará más que seguir defraudando, atemorizando y matando a aquellos a quienes debería proteger además de sumar puntos para acentuar la vergüenza nacional a la que nos tiene acostumbrados.
Asunción, octubre 1 de 2016
Óscar Ayala Amarilla Julia Cabello Alonso
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