Este viernes 21 de octubre de 2016, el Tribunal Penal de Sentencia N° 8 de la capital suspendió por segunda vez el juicio oral y público en contra de Rubén Darío Quesnel Velázquez, fundamentándose en un permiso que tiene el presidente del Tribunal, Víctor Alfieri, entre el 2 al 18 de noviembre del corriente. Rubén Darío Quesnel, Marlene Mendoza y Ever Otazo, exfuncionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), durante la presidencia del primero, se encuentran acusados por el robo de más de tres mil millones de guaraníes, realizado entre enero y febrero de 2013. En la causa también está acusado Oscar Viera.
Este monto es parte de lo que el Estado paraguayo debía invertir en proyectos de desarrollo en las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, ambas del pueblo Enxet, las que cuentan con sentencias favorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado paraguayo, por la violación de derechos territoriales y otros derechos humanos, en el 2005 y 2006, respectivamente.
La institución Tierraviva, representante convencional de las comunidades antes mencionadas y parte en el proceso penal en cuestión, manifestó su preocupación señalando en un comunicado público «que el compromiso del Tribunal para con este caso era muy anterior al permiso dispuesto el 14 de octubre del presente año” y que “llama también la atención que no conste llamado alguno de los suplentes dispuestos para casos como este”, lamentando además el esfuerzo infructuoso desplegado por las comunidades indígenas para llegar a la capital a fin de participar del juicio. En otra parte del comunicado señala que manifiesta su preocupación por una posible impunidad de los hoy acusados.
Yakye Axa y Sawhoyamaxa son parte de los cientos de comunidades que son víctimas de la discriminación estructural en contra de los pueblos indígenas por parte del Estado paraguayo, así como lo estableció recientemente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés).
Quesnel ya había sido condenado a seis años y seis meses de pena privativa de libertad, condena que sigue purgando en la cárcel de Tacumbú, por los hechos punibles de lesión de confianza y abandono. Estos hechos también fueron cometidos durante su presidencia en el INDI, en el que vendió las tierras de la comunidad indígena Cuyabia del pueblo Ayoreo con las familias viviendo adentro.
Fuente: Tierraviva
