CODEHUPY exige al Estado paraguayo esclarecer ejecuciones y tortura contra manifestantes campesinos
La campaña Yo protesto, Paraguay busca que el Estado paraguayo cumpla con medidas de reparación en favor de Sebastián Larroza (+), Eulalio Blanco (+) y Ernesto Benítez, ejecutados/torturado por agentes policiales mientras ejercían su derecho a la protesta en 1994 y 2003.
“Pero también, en un aspecto más general, es un reclamo dirigido al Poder Ejecutivo, a la Policía y al Ministerio Público, como entes que están obligados a garantizar el derecho a la protesta”, dijo Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la CODEHUPY.
“La concepción que sigue predominando en relación a cualquier forma de protesta social en nuestro país, en general, tiene que ver con que las mismas son una potencial amenaza a la seguridad y al orden público, y no con la idea de que son una manifestación legítima del ejercicio de un derecho por parte de la sociedad, como herramienta de exigibilidad de otros derechos”, dijo Ayala.
Sebastián Larroza (18) fue disparado por la espalda por un policía mientras socorría a otro campesino herido, en el marco de una represión policial en cruce Tacuara, San Pedro, durante manifestaciones que formaban parte de la huelga general del 2 de mayo de 1994.
Eulalio Blanco (62) también fue disparado por la espalda por un policía mientras estaba arrodillado y con las manos en alto, durante una represión policial a productores de hierbas medicinales que reclamaban el cumplimiento de subsidios estatales para el sector en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, en 2003.
Durante esa misma represión, policías y militares detuvieron al docente y dirigente Ernesto Benítez y, estando boca abajo en el piso, le pegaron con cachiporras, le patearon, caminaron sobre su espalda, le sometieron a asfixia, le dispararon con gas pimienta y le amenazaron de muerte. La tortura siguió por varios días mientras estaba privado de libertad.
A nivel nacional los tres casos quedaron en la impunidad porque el Ministerio Público y la Justicia entorpecieron y malograron las investigaciones, encubriendo así a los agentes responsables.
Las familias de las víctimas y la CODEHUPY presentaron los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso Larroza) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU (casos Blanco y Benítez). En estas presentaciones internacionales además apoyaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
En 2012 el Comité de Derechos Humanos responsabilizó al Estado paraguayo de la muerte de Blanco y de las torturas a Benítez -como también la falta de investigación eficiente- y le impuso una serie de medidas de reparación en favor de las víctimas y sus familias.
Entre las medidas destacan la reapertura de las causas a partir de una nueva “investigación imparcial, efectiva y completa” y el procesamiento de los agentes estatales responsables, cumplimiento que corresponde iniciar al Ministerio Público.
A seis años de estos dictámenes, el Estado paraguayo sigue sin cumplir esta medida.
Para Ernesto Benítez, sobreviviente de la violencia policial, que el Estado reconozca su responsabilidad en estos hechos y que repare sus crímenes sentará un precedente que abre una ventana a favor de otros casos similares.
“Más allá de lo simbólico, este reconocimiento implica que el Estado no vuelva a hacer lo mismo. Pero principalmente, que ataque las causas que llevaron a la gente a salir a reclamar a las instituciones”, dijo.
El caso de Sebastián Larroza y su falta de esclarecimiento actualmente pasa por las últimas discusiones jurídicas de la Comisión IDH sobre la actuación del Estado, para después escuchar la respuesta del mismo y emitir un informe concluyente.
“Nunca hubo justicia, pero ahora tenemos esperanza, aunque nunca recuperaremos su pérdida. Creemos que puede haber justicia en nuestro país, para el bien de todos los paraguayos…para que no se repitan estas cosas malas”, dijo María Irene Velázquez de Larroza, madre de Sebastián Larroza.
