1. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de los hechos de público conocimiento acaecidos el 12 y el 17 de julio pasados, que costaron la vida a cinco efectivos de la Policía Nacional en los Departamentos de Amambay y San Pedro, producto de ataques armados, no reivindicados hasta el momento por ninguna organización, pero atribuidos al grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) por voceros del gobierno, al menos inicialmente; y al EPP en asociación con grupos de narcotráfico en el caso del segundo atentado.

2. La gravedad de estos hechos, es una señal más del fracaso de la política de seguridad ensayada por el Poder Ejecutivo en los departamentos del norte de la Región Oriental, cuyo costo financiero al Tesoro Público representa una erogación incompatible con los resultados alcanzados hasta el momento por las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), en una región carente de servicios públicos de calidad en materia de salud, alimentación, vivienda y acceso a la tierra, donde familias campesinas e indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema, sobreviven en condiciones ajenas a la dignidad humana.

3. En esta situación, la CODEHUPY exige del Estado en su conjunto, no solo del Poder Ejecutivo, la revisión de su política de seguridad, entendiendo la seguridad en un sentido amplio y con enfoque de derechos humanos. Esto incluye la implementación, desde el Estado, de una amplia y sostenida inversión económica y social, para revertir la situación de abandono y marginación de amplios sectores emprobrecidos del país.

4. Asimismo, la CODEHUPY, exige de las fuerzas de seguridad y de las autoridades políticas que las conducen, máxima transparencia y apego a principios constitucionales en las labores de investigación, persecución y represión de los hechos punibles perpetrados, sean estos cometidos por el EPP o por cualquier otro grupo armado al margen de la ley. Así también, exigimos la sanción correspondiente a los responsables de estos criminales actos, y efectivas acciones de prevención de tales hechos.

5. Por último, la CODEHUPY, sin dejar de reconocer la complejidad del caso, aprovecha esta ocasión para reiterar su creciente preocupación por la incapacidad de organismos del Estado para articular acciones efectivas, orientadas a la liberación del agente policial Edelio Morínigo, retenido contra su voluntad por el EPP desde hace más de un año, circunstancia absolutamente intolerable que es obligación de los organismos de seguridad del Estado revertirla mediante acciones eficaces y ajustadas a principios constitucionales.

Por la Coordinación de Turno de la CODEHUPY:

• Fundación Andrés Rivarola Queirolo (FUNDAR)

• Fundación Celestina Pérez de Almada (FCPA)

• Iniciativa Amotocodie

Más información:

• Enrique Gauto Bozzano, Secretario Ejecutivo de la CODEHUPY: 0981 – 415586