Estudiantes de otras facultades también se sumaron y participaron activamente del debate sobre la situación penitenciaria en el país, que tuvo como punto de partida la exposición del abogado Roque Orrego, presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Orrego señaló en primer lugar que la función del MNP es ejercer un control de tal manera a evitar el uso abusivo y arbitrario del poder punitivo del Estado realizando visitas principalmente en los ámbitos de afectación de la libertad como las penitenciarías.
Orrego puso de manifiesto cómo el poder punitivo opera de manera ideológica y selectiva, violando principios básicos como el de legalidad y juicio previo, pues sus acciones de privación de libertad las más de las veces se fundan en meras sospechas y la mayor parte de las personas privadas de libertad se encuentran sin condena.
Como muestra mencionó que el 78% de los varones privados de libertad se encuentran sin condena, en tanto que en el caso de las mujeres es el 71%. Con esto se viola el principio constitucional de que nadie será encerrado sin juicio previo. A esto se añade la superpoblación con una cantidad de personas privadas de libertad que llega a 13.215 mientras las cárceles solo tienen una capacidad de 6.643 personas. Por tanto, más del 50% se encuentra sin espacio suficiente, comida ni lugar.
Esta situación se ve impulsada, acotó Orrego, por la falsa sensación de aumento de la inseguridad, promovida principalmente por los medios, que presionan por endurecer la legislación penal para asuntos que deben ser dirimidos por otro tipo de políticas, como la inclusión de amplios márgenes de la sociedad excluidos del sistema económico y educativo. De hecho, la mayor parte de la población penal es gente pobre y sin educación, dijo.
Por último, Orrego ejemplificó el uso arbitrario el poder punitivo lo sucedido con la intervención fiscal-policial en la UNA con la orden de detención de cuatro estudiantes, donde se intentó pisotear el derecho a la protesta, un derecho neurálgico en una sociedad democrática. Por ello instó a los y las estudiantes presentes a formarse e investigar para superar con argumentos la lógica de criminalización que domina en los programas de las facultades de derecho.
