La Ley N° 5.777/16 “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”,  popularizada en las redes sociales como ley #PorEllas, contempla sanciones y hasta la destitución de los funcionarias o funcionarias que no atiendan o no actúen de manera adecuada ante las denuncias de mujeres víctimas de violencia. Esto con el fin de salvaguardar la integridad física de las mujeres y sus dependientes.

“El Estado debe garantizar que los funcionarios públicos que presten servicios en los órganos de atención, investigación y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres cumplan con sus deberes y obligaciones y respondan eficazmente a las funciones asignadas en la presente ley y a las necesidades de los casos que se les presenten para salvaguardar entre otras cosas, la integridad física de la mujer víctima de violencia y sus dependientes, so pena de las sanciones correspondientes y destitución”, señala parte del artículo 10 de la norma recientemente promulgada.

La negligencia de las autoridades en la recepción y respuesta ante casos de violencia ha quedado nuevamente evidenciada con el caso de la joven de 21 años, residente en Juan E. O’Leary (Alto Paraná), que era golpeada y vejada por su pareja, quien incluso filmaba y compartía las escenas de tortura. A fines del año pasado la mujer logró escapar para hacer la denuncia ante la comisaría. Ante la fiscala Mónica Larrosa, quien tomó intervención en la causa, la mujer relató que ya había hecho denuncias similares en casos anteriores, pero que no recibió respuesta alguna.

El hombre, identificado como Virginio Morínigo González (38 años), se encuentra actualmente detenido por violencia doméstica en la cárcel de Ciudad del Este. La expectativa existente luego de la promulgación de la ley es que se tenga una respuesta institucional más rápida y efectiva a fin de proteger la integridad física y la vida de las mujeres que sufren situaciones de violencia.