Elisa Beatriz fue privada de su libertad el día 7 de abril, por el hecho de haber reclamado que, a su hijo de 17 años, lo llevaran a estirones a la Comisaría Octava, por no tener consigo su cédula de identidad, supuestamente porque esto representa un delito. Por exigir la liberación de su hijo ante una falta de argumentos coherentes, Elisa también fue apresada, supuestamente por falta de respeto y resistencia ante la autoridad.

¿Abuso de poder ante la desigualdad social? ¿Persecución a familias empobrecidas? ¿Modelo de criminalización a defensora de derechos humanos? Son muchos los nombres que podemos asignarle a este caso, sin embargo, una cosa está clara, los derechos humanos de las personas empobrecidas son pisoteados por las propias instituciones estatales que deberían velar por ellas, en este caso la Policía Nacional.

Eliza Beatriz Barrios es paraguaya, madre de 5 hijos entre niños, niñas y adolescentes,  es defensora de Derechos Humanos afiliada a Front Line Defenders, forma parte, además, de una organización social denominada Rebeldes del Sur, desde donde defiende el derecho a una vivienda digna, los derechos de las mujeres y el derecho a organizarse.  Ella y su familia viven en el Bañado Sur, uno de los sectores más empobrecidos y marginalizados de Asunción y que en este momento se encuentra en una situación de emergencia humanitaria tras la subida del Río Paraguay. La inundación está afectando a 4.000 familias asuncenas y a 20.000 a nivel país.

El día domingo 7 de abril, el adolescente de 17 años, hijo de Elisa, fue detenido de manera violenta por oficiales de la policía de la Comisaría Octava, mientras se encontraba ayudando a sus vecinos con la mudanza a la que se vieron obligados a realizar tras la inminente inundación de la zona. El adolescente no llevaba su cédula de identidad consigo, por lo que, los efectivos lo bajaron a estirones del camión en el que estaba y le obligaron a abordar la patrullera. Su madre, al enterarse de lo ocurrido acude a la comisaría donde los uniformados le dicen que es una “mala madre” y que, si cuidara de su hijo, éste no estaría ahí. Tras notar que su hijo recibió un golpe en el lado izquierdo de la cara, reclama muy indignada que lo liberen, pues fue injustamente apresado. En ese momento, la policía decide también apresar a Elisa, quien termina recluida en la comisaría 17.

No fue suficiente ver que las familias están pasando por un momento de vulnerabilidad absoluta por el abandono, injusticia, desarraigo y la angustia vivida a raíz de la inundación, sino que, buscando sumarle más aflicciones a estas personas, son criminalizadas y privadas injustamente de su libertad.

Hoy, martes 9 de abril, tras una audiencia preliminar, tanto Elisa como su hijo salieron con medidas, pero el caso sigue. Durante toda esta odisea, la familia recibió el acompañamiento de amigos y amigas y de organizaciones sociales quienes además de ayudar en la parte jurídica, gestionaron las documentaciones, cuidaron de las hijas y les llevaron ropa y comida en ambas comisarías donde se encontraban.

Es necesario que las instituciones estatales recapaciten en sus procedimientos y tomen conciencia de su labor en la sociedad, urge erradicar el uso indebido del sistema penal y la criminalización hacia defensores y defensoras de derechos humanos y hacia todas aquellas personas que ejercen sus derechos ante los abusos.