El pasado domingo una delegación de organizaciones y representantes de comisiones de derechos humanos del Parlamento realizaron una visita a la comunidad avá-guaraní Sauce de Minga Porã, que fuera desalojada el viernes 30 de setiembre por una comitiva policial que derrumbó y quemó las casas, escuela y templos de los nativos por orden del juez Emilio Gómez Barrios.

El procedimiento fue solicitado por Germán Hutz a través de un interdicto para retener la posesión del inmueble, quien habría logrado una resolución favorable a raíz de su parentesco con el vicepresidente Juan Afara. Durante el desalojo también tuvo participación el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que facilitó camiones para trasladar a los nativos a otro sitio.

Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy, sostiene respecto a lo ocurrido que el Estado carece de autoridad para disponer de las tierras indígenas y entregárselas a terceros. Por el contrario, su obligación es delimitar, demarcar y titularlas, otorgando de esta manera seguridad jurídica a las comunidades que las poseen. “La prohibición constitucional es nítida: no se puede trasladar ni remover a una comunidad indígena, sin el expreso consentimiento de la misma”, refuerza.

Ayala también criticó que el propio Indi haya facilitado el apoyo logístico para el desalojo, una situación que considera inadmisible y que “revela la perversión institucional de un ente cuya función es eminentemente tutelar”.

“Los Avá Guaraní tienen todo el derecho de retornar a sus tierras y reivindicar la propiedad comunitaria de las mismas. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, al menos 36 comunidades de este pueblo, del grupo paranaense, fueron desplazadas forzosamente  por la construcción la hidroeléctrica Itaipú, sin que se les haya entregado otras tierras equivalentes, sin compensación ni indemnización alguna”, explicó.

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”, dice el artículo 64, De la propiedad comunitaria, de la Constitución Nacional.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez se comprometió a facilitar una reunión entre distintas instancias estatales, incluyendo la Itaipú, con el fin de buscar una solución al problema y evitar el nuevo desalojo que amenaza a la comunidad, que se refugió en la reserva Limoy, habiendo ya sido intimados por la Binacional a abandonar el lugar.

Uno de los líderes de la comunidad, Cristóbal Martínez, denunció que durante el operativo, además de tumbar y quemar sus casas, escuela, templo y cultivos, se les robó hasta sus animales domésticos. Sin embargo, pudieron salvar parte del mobiliario de la escuela escondiendo las sillas y pizarras dentro del monte.

“Policía amalicia imboriahuve orehegui porque orahapalento ore mymba kuéra (parece que la policía es más pobre que nosotros porque casi llevaron todos nuestros animales)”, mencionó un joven mientras sacaba las sillas del matorral y acomodaba a sus mascotas para llevarlas al campamento al borde del río Itay, donde se instalaron tras el desahucio.

Los indígenas también exigieron la destitución del titular del Indi, Aldo Saldívar, por incumplir su función de velar por los derechos de la población indígena y haber tomado parte de este arbitrario atropello contra la comunidad. Saldívar incluso derogó la resolución 120/13, que reconoce la deuda histórica del Estado paraguayo con las comunidades indígenas avá-guaraní afectadas por la construcción de Itaipú y que reconoce la procedencia de los reclamos por daños y perjuicios.

La comunidad se encontraba asentada sobre las Fincas Nº 1381 del distrito de San Alberto y Nº 8771 del distrito de Hernandarias (actualmente Minga Porã, departamento de Alto Paraná), en una superficie de 1.047 ha, que constituye una parte del territorio ancestral de los avá históricamente asentados en la zona.

Foto: Aprovechando la visita de la delegación de organizaciones y la comitiva parlamentaria los indígenas retornaron al lugar de donde fueron desalojados para rescatar los muebles de la escuela que escondieron en el monte para salvarlos de ser incinerados por la policía.