El caso de los 6 campesinos de Paraguay fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que la Justicia local violara la mayoría de los derechos y garantías judiciales de los acusados, al sostener un proceso instrumentado políticamente y forzar condenas de 25+10 años de cárcel por un delito que no cometieron. [1]

Se trata de un caso de chivo expiatorio frente a la necesidad estatal de mostrar resultados en el combate a bandas delictivas como el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), como también, del aprovechamiento de la situación para la criminalización del movimiento social paraguayo por parte del Estado.

El proceso de los 6 luchadores sociales ilustra una situación general de la Justicia paraguaya.

La instrumentación política de procesos judiciales, junto con la falta de imparcialidad y la corrupción, forman parte de las principales causas de violación sistemática del debido proceso y los derechos humanos, lo que compromete la misma democracia, expresó en su momento la Coordinadora de Derechos humanos del Paraguay (CODEHUPY) sobre esta realidad.   [2]

Los 6 campesinos fueron acusados por el Ministerio Público de decidir, en una reunión del Partido Patria Libre, la muerte de Cecilia Cubas, hija de un ex presidente de la República, secuestrada en 2004 y ejecutada en cautiverio en 2005.

Toda la acusación se basó en una endeble, cambiante y contradictoria declaración de un testigo policial pagado, que en el proceso judicial dio una versión de los hechos y ante medios de comunicación, dio otra.

A pesar de que varios testigos, actas partidarias y el testimonio de los acusados, desmintieron al testigo policial y mostraron sus contradicciones, la Justicia paraguaya sostuvo el proceso hasta lograr condenas, sin que en ningún momento existan fundamentos jurídicos que quebraran el estado de inocencia de los campesinos.

Por ese camino, el Ministerio Público, la querella y varios jueces de la causa hicieron añicos la presunción de inocencia de los campesinos y sus derechos a ser oídos en plazo razonable; a ser oídos por tribunales imparciales; a contar con el suficiente tiempo para la preparación de su defensa y la posibilidad de presentar evidencias.

También violaron sus derechos relacionados al principio de legalidad y retroactividad; de circulación y residencia; a la protección judicial; a la libertad personal; a la integridad personal; a la libertad de pensamiento y expresión y a la igualdad ante la ley.

Como una muestra de estas ilegalidades, desde la imputación hasta la sentencia definitiva, los 6 luchadores sociales estuvieron 11 años y medio en prisión preventiva, en evidente uso de prisión preventiva como pena anticipada.

Esta sola situación, que superaba los años máximos que una persona acusada puede estar en prisión preventiva y que sobrepasaba la duración máxima de procesos judiciales, ya era mérito suficiente para la extinción de la causa y la libertad de los 6 campesinos.

Actualmente la CIDH estudia la admisibilidad y los argumentos de fondo del caso, presentado por los 6 campesinos y el acompañamiento de la CODEHUPY.

En la parte de peticiones a la CIDH, la presentación solicita que el órgano internacional requiera al Estado paraguayo la absolución y libertad de los 6 campesinos; la indemnización a los mismos y sus familiares; la modificación de la legislación local en torno a medidas de seguridad, duración máxima de procesos judiciales y duración máxima de la prisión preventiva; y un proceso de justicia que incluya la nulidad del juicio y la extinción de la causa, como también medidas para garantizar la aplicación adecuada de la ley penal en torno al principio de retroactividad.

[1] En agosto pasado se presentaron nuevas informaciones sobre el caso ante la CIDH.

[2] https://codehupy.org.py/la-corrupcion-judicial-es-un-arma-letal-que-atenta-contra-la-democracia/