La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), organización integrante de la Codehupy, remitió una carta al ministro del Interior, Tadeo Rojas, y al comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, en que manifiesta su preocupación y advierte sobre las múltiples violaciones cometidas contra los derechos de la niñez y adolescencia en los desalojos ejecutados en la comunidad de Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú.
Como primer punto se refiere a las detenciones ilegales contra tres adolescentes (dos varones y una mujer) realizadas el pasado 3 enero y las graves heridas que sufrió un niño de 10 años durante el desalojo de una escuela en octubre del pasado 2016.
“Le recordamos que los desalojos forzosos constituyen graves violaciones a derechos humanos internacionalmente reconocidos y garantizados por nuestra legislación interna, en particular el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo a su seguridad, a la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación”, dice parte de la misiva.
La organización subraya que los desalojos forzosos provocan que las personas queden sin hogar y en absoluta pobreza, sin los recursos mínimos necesarios para la subsistencia y, en la práctica, sin posibilidad de reclamar sus derechos por las vías judiciales por los costos que ello implica.
Añade que estas conductas de agentes del Estado profundizan la desigualdad, los conflictos sociales y la segregación, que invariablemente afectan a los sectores más vulnerables, como las poblaciones empobrecidas, mujeres, niñez, adolescencia y personas con discapacidad.
Recuerda también las obligaciones del Estado, en virtud de los tratados internacionales de los que es suscribiente, respecto a que “la práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada”, según reza una resolución de la Comisión de Derechos Humanos.
En consideración de que el Estado paraguayo es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, insta a las autoridades a brindar una inmediata indemnización por los daños ocasionados, en especial garantizando alimentación, agua potable, saneamiento, alojamiento, vestimenta, educación y otros recursos necesarios para que los afectados puedan proseguir con sus actividades agrícolas.
Por su parte, el ministro del Interior, tras ser convocado el pasado martes por la Comisión Permanente del Congreso para ser consultado sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en los procedimientos, alegó que las actuaciones se ajustaron al marco legal y señaló que los incidentes fueron supuestamente instigados por sectores políticos que buscan generar conflicto.
Foto: Red de Medios Alternativos
