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Ante pedido de ampliación del asentamiento 3 de Julio, pobladores temen a un desalojo forzoso

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Los pobladores del asentamiento 3 de Julio-Chorrito, ubicado en Suizo Cué, Municipio de Maracaná, Dpto. de Canindeyú, temen ante las amenazas de sufrir un nuevo desalojo del lugar donde están instalados desde hace un poco más de un año.

En conversación con integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), los líderes de la comunidad manifestaron el temor que tienen de perder todas sus producciones de alimentos que se encuentran en el terreno, que hoy, reclaman como parte de la ampliación del asentamiento. Solicitaron además, el acompañamiento de CODEHUPY para prever jurídicamente fumigaciones y atropellos por parte de terceros, teniendo en cuenta que la producción de soja les rodea.

El lote en cuestión, tiene 1800 hectáreas, actualmente la están ocupando 125 familias, quienes ya empezaron con la producción agrícola para alimentar a sus hijos y generar alimentos sanos en la comunidad. Cabe mencionar, que en los alrededores se realizan constantes fumigaciones con agrotóxicos sobre la producción de soja que rodea al asentamiento y que prácticamente, ocupa toda la zona de Suizo Cué.

“Todo lo que cultivas sale bien, tiras nomás la semilla y brota solo” comentó Ña Ramona, mientras recorría el lote donde se encuentra acampando.

“Los pobladores tienen miedo de que se cultive soja en el predio. Toda la zona está rodeada de soja. Ese terreno de 1800 hectáreas es el último pedazo que no tiene soja”. Recalcó Angelina, integrante del asentamiento.

El conflicto que amenaza a un desalojo

El lugar donde actualmente están asentados los pobladores de 3 de Julio, es un lote de 1800 ha. y que según dijeron es una propiedad privada, cuyo dueño sería un Holandés que visita el país una vez al año. Esas tierras estaban en desuso, pero cuando los pobladores ocuparon el lugar y empezaron a realizar cultivos, el apoderado manifestó su intención de recobrar la posesión de esas tierras.

Tal es así, que el apoderado presentó una medida cautelar donde demanda al dirigente campesino, Antonio Pintos por invasión de inmueble. Asimismo, han sido víctimas de desalojos forzosos meses atrás, sin ninguna orden judicial, civiles armados entraron a destruir sus precarias viviendas, fueron quemadas como medida de represión, logrando así, el desplazamiento de algunos pobladores, en esta ocasión, los civiles armados expresaron que si volvían a ocupar el terreno, volverían con tractores a destruir sus producciones de alimentos.

El 11 de diciembre la comunidad había realizado una manifestación frente al INDERT reclamando el acceso a la tierra, y exigiendo el respeto por la agricultura campesina. En esa misma oportunidad, el actual titular de las tierras había presentado una carta de oferta y a partir de esa acción se conformó una mesa de diálogo entre el INDERT, la OLT y Josef Van Vecht, esta mesa tripartita quedó en suspenso a raíz del desalojo vivido.

Este tipo de arbitrariedades, como los desalojos forzosos y las medidas que restringen la agricultura familiar, van en contra de lo estipulado en la Constitución Nacional en cuanto a garantizar la calidad de vida de las personas, como también los tratados internacionales a los cuales el Estado se ha suscripto.

Los Desalojos forzosos, la falta de gestión del Estado para garantizar acceso a tierras, alimentos y vivienda; la violencia, el hostigamiento y la persecución hacia el campesinado, solo profundizan la crisis social reinante en el país.

Recordemos que la política estatal de desalojo forzoso contra comunidades campesinas y urbanas niega el derecho constitucional y convencional vigente, generando retrocesos en la Meta de la Agenda 2030. Pese a su rango constitucional, los derechos campesinos garantizados a través de la política de reforma agraria son sistemáticamente vulnerados en Paraguay.

Entrevista realizada a pobladoras del Asentamiento 3 de Julio, Chorrito.

 

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