El día de ayer, miércoles 11 de julio, una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) Visitó el asentamiento “Flor de Itapúa Mi” ubicado en Moras kue – Luque (Central). El lugar está habitado por más de 600 familias desde hace dos años, y según una encuesta realizada por ellos mismos, aproximadamente 1.500 personas son niños, niñas y adolescentes. A pesar de estas cifras el pasado 29 de junio, la fiscalía de Luque a cargo del abogado Néstor Cañete ordenó el desalojo de todas las familias.

Sin embargo, afortunadamente el desalojo no se efectuó como se había establecido. En este sentido representantes de Codehupy entablaron conversación con agentes del Ministerio Público y el Ministerio del Interior con el fin de interiorizarse en los detalles de la situación del caso.

No obstante, las familias no descartan que se llegue a realizar el desalojo en algún momento. Raúl Marín, abogado que acompaña la lucha de las personas del asentamiento, sostuvo que en el documento que la fiscalía presentó, solo menciona 8 hectáreas de una finca con número (58 – 59), la carpeta fiscal no cuenta con el plano referencial, por lo cual, sin ese documento no se puede comprobar que dicha finca corresponde a las tierras donde actualmente está el asentamiento.

Los habitantes de “Flor de Itapúa Mi” aseguran que el terreno es fiscal, por lo tanto la decisión colectiva es resistir. “Trabajamos mucho para levantar nuestras casitas, en los primeros seis meses vivíamos bajo carpa soportando lluvias, tormentas con granizos y el calor intenso, todo con nuestros hijos en brazos, no vamos a dejar que nos quiten lo que nos costó tanto sufrimiento conseguir. Yo he de morir por esta tierra, no por mí, sino por los niños que hay acá” Expresó con lágrimas en los ojos María Estela, conocida cariñosamente como la Abuelita del lugar.

Resaltamos que los dirigentes del asentamiento “Flor de Itapúa Mi” ubicado en Moras kue – Luque, no fueron notificados formalmente sobre la acción del desalojo como exige el protocolo, tampoco han recibido ninguna propuesta de reubicación, o de alguna alternativa en caso de que ocurra el desalojo. ¿Acaso la idea es dejar a más de 600 familias varadas en la calle, sin ningún tipo de protección? Por su parte, los defensores de derechos humanos, expresaron el compromiso de la Codehupy de apoyar y acompañar la situación de las familias.