Un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2012) le impuso al Estado la implementación de medidas de reparación.
El 3 de junio de 2003 el dirigente campesino Eulalio Blanco fue ejecutado por un policía, mientras ejercía su derecho a la protesta contra el Estado paraguayo, que desde febrero retrasaba el pago de subsidios para agricultores de hierbas medicinales del departamento de San Pedro.
En medio de una represión ordenada por el fiscal penal de la región, un agente de policía disparó a quemarropa a Blanco, desde la espalda, a pesar de que el campesino en ese momento se daba por detenido, estaba arrodillado y con las manos en alto.
Al uso desproporcional e ilegal de la fuerza estatal, siguió la criminalización judicial de más de 40 manifestantes imputados, entre los que figuraba Blanco mientras peleaba entre la vida y la muerte. Finalmente falleció dos días después.
A pesar de las reiteradas exigencias de su familia, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Ministerio Público-Fiscalía tomó la decisión de no investigar la ejecución de Blanco. Además permitió que se extraviara el proyectil extraído del cuerpo del agricultor.
Al fenecer los plazos legales para investigar los hechos a nivel nacional, su viuda, Florentina Olmedo, la CODEHUPY y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en 2008 llevaron el caso hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En 2012 el organismo emitió un dictamen donde responsabiliza a Paraguay de violar el derecho a la vida de Blanco y el derecho de acceder a la justicia de su familia.
A fines de 2017 el Estado paraguayo reconoció su responsabilidad en la violación de derechos humanos en torno al caso, y a través del decreto 8.027 de la Presidencia de la República del Paraguay le dio vigencia a un Acuerdo de Medidas de Reparación firmada entre las partes.
Sin embargo, hasta hoy el Estado no pagó una indemnización económica a la familia, como tampoco reabrió una investigación objetiva, imparcial y efectiva para esclarecer los hechos, procesar y castigar a los agentes estatales responsables.
“El “delito” que cometió Eulalio Blanco fue salir a reclamar sus derechos al Estado siendo un campesino”, dijo Agripino Agüero, su hijo, que participa de la campaña “#YoprotestoParaguay”.
La iniciativa es impulsada por la CODEHUPY y busca que el Estado paraguayo –el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Justicia, el Poder Ejecutivo y el @Legislativo- tome medidas que garanticen el derecho a la protesta y la manifestación, empezando por cumplir las reparaciones en el caso de Eulalio Blanco y los casos de Sebastián Larroza y Ernesto Benítez.
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