En el 2012 impuso al Estado la necesidad de reabrir la causa para esclarecer los hechos  y sancionar a actores estatales responsables.

El 3 de junio de 2003 policías y militares reprimieron, usando la fuerza de forma irregular y desproporcionada, a unos mil productores de hierbas medicinales que ejercían su derecho a la protesta en Santa Rosa del Aguaray, frente al incumplimiento del subsidio estatal que se postergaba desde febrero.

Además de ejecutar al dirigente campesino Eulalio Blanco -a pesar de que se había entregado pacíficamente- las fuerzas estatales hirieron con armas de fuego a otros 16 manifestantes y detuvieron selectivamente a 25 de sus dirigentes

Al educador y dirigente Ernesto Benítez policías y militares sometieron a tortura, a través de puntapiés, cachiporrazos en todo el cuerpo, asfixia con gas pimienta y amenazas de muerte, mientras permanecía detenido y esposado.

Antes que prevenir y detener la tortura, el fiscal penal la presenció. Posteriormente imputó y logró encarcelar a Benítez y los demás dirigentes tras acusarles de perturbar la paz pública y representar un peligro para el tránsito terrestre.

Acompañado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Benítez denunció los hechos ante el Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

En distintas esferas de investigación administrativa y penal, como el Ministerio Público el Poder Judicial o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la investigación sobre los hechos registró irregularidades, dilaciones, insuficiencias…y todos los procesos terminaron entorpeciendo el esclarecimiento de hechos y absolviendo a los actores estatales implicados.

 Dictamen de las Naciones Unidas

Luego de agotar todos los recursos nacionales de investigación y justicia en Paraguay sin que se esclarezcan los hechos, Benítez, la CODEHUPY  y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunciaron al Estado paraguayo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2008.

En 2012 el órgano responsabilizó a Paraguay de los hechos de tortura, pero también de no garantizar a Benítez su derecho a la justicia, frente a lo cual le impuso medidas de reparación.

“…el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor (Benítez) un recurso efectivo, que, como alternativa a lo que se ha hecho hasta ahora, comprenda una investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos, el procesamiento y castigo de los responsables y una reparación íntegra que incluya una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”, estableció.

El Ministerio Público debe re-investigar

A pesar de que el dictamen es obligatorio para el Estado paraguayo, el Ministerio Público no acató la obligación de reabrir la investigación de los hechos, argumentando el principio de prohibición de doble juzgamiento (principio non bis id ídem).

Sin embargo, actualmente su Dirección de Derechos Humanos se encuentra analizando documentación de respaldo que los obliga a dicha reapertura, por lo que el caso se encuentra aguardando alguna resolución en ese sentido.

En la jurisprudencia internacional de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad existen fallos similares donde los órganos de control obligan a los Estados a reabrir investigaciones en causas donde existió juzgamiento fraudulento. Es decir, procesos donde el Estado, en apariencias, juzgaba los hechos, pero cuyo fin último era absolver a agentes estatales implicados.

En estos casos, antes que el principio mencionado y frente a la impunidad, se busca que prevalezca la justicia, como ocurrió en causas en Argentina, Perú, Colombia y Guatemala.

 Campaña “Yo protesto, Paraguay”

A seis años del dictamen de las Naciones Unidas, la CODEHUPY, Ernesto Benítez y familiares de los campesinos Eulalio Blanco y Sebastián Larroza -ejecutados mientras ejercían su derecho a la protesta- impulsan la campaña “Yo protesto, Paraguay”.

La iniciativa busca que de ahora en más el Estado paraguayo garantice y promueva el derecho a la protesta a través de medidas concretas, empezando por el cumplimiento de las reparaciones internacionales en favor de Benítez y las familias de los dirigentes ejecutados.