En la mañana del miércoles 27 de septiembre, se dio continuidad al Juicio Oral y Público por el caso de la muerte de dos adolescentes privados de su libertad en el Centro Educativo Integral de Itauguá (CEI), dicho juicio inició el 1 de agosto de éste año en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Luque. El Tribunal del caso está compuesto por los Jueces Alicia Orrego Pérez, Rubén Morinigo Arredondo y Lilian Flores Negri.
En ésta ocasión, llegaron a declarar dos comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) Carlos Portillo y Diana Vargas, como testigos de la causa. Ellos manifestaron que los adolescentes fueron afectados en zonas vitales con balines de plomo y que en ese sentido hubo un uso desmedido de fuerza por parte de los guardia cárceles.
Además, resaltaron que hubo un manejo incorrecto por parte del interventor para mediar el conflicto anterior que desencadenó posteriormente en la muerte de los dos adolescentes, Francisco Daniel Rojas Insfrán (16) y Néstor Javier Duarte Rodríguez (17). El CEI cuenta con un manual de protocolo para resolver situaciones de conflictos, lo cual no se llevó a la práctica, sino más bien, procedieron de forma violenta. “Los adolescentes no podían correr ni defenderse, ellos estaban encerrados. Hubo intencionalidad, no de tranquilizar o calmar, sino, de acabar con la vida de los chicos” Afirmó Portillo.
El conflicto anterior. Iban a trasladar a uno de sus compañeros a otro pabellón, éste no quería ser trasladado porque temía por su vida, sabía que los adolescentes que estaban ahí querían lastimarlo, porque tuvo ciertos roces con ellos. Entonces para apoyar a su compañero, los adolescentes empezaron una manifestación, lo hacían con cantos, reclamos, gritos y golpeaban las camas. Para calmar el motín, los guardia cárceles dispararon contra ellos, primero con balas de goma, y luego con balas de plomo, lo que ocasionó la muerte de dos adolescentes.
En esta ocasión también brindó declaración uno de los adolescentes que estuvo recluido ese día en el pabellón 3B donde ocurrieron los hechos. El testigo pudo individualizar a dos de los acusados (los señaló con el dedo) Adrián Díaz e Ignacio Franco, como las personas que portaban armas de fuego y causaron la muerte de los dos adolescentes. “Ellos disparaban a través de las rejas, fueron dos disparos, uno tras otro, los sonidos eran distintos y sonaban más fuerte, nosotros no les vimos cuando ellos cayeron, solo los encontramos debajo del colchón desangrándose” dijo el adolescente refiriéndose a sus compañeros. Manifestó además, que a los guardias no les importo ver herido a Néstor, solo lo miraban mientras éste se desangraba, y fueron sus compañeros quienes levantaron a sus amigos heridos diez minutos después de haber culminado la balacera.
La individualización de los guardias por parte del adolescente se refuerza con las testimoniales que ya fue prestada por uno de los funcionarios que pudo ubicar tanto a Adrián Díaz como a Ignacio franco como los protagonistas de los disparos con armas de fuego.
El juicio tendrá continuidad el 4 de octubre próximo, con la declaración de nueve adolescentes que están recluidos de libertad en distintos centros educativos del país, pero, que fueron testigos de lo ocurrido el 21 de abril de 2014, porque en ese momento se encontraban en el Centro Educativo Integral de Itaugua.
Antecedentes.
El 21 de abril de 2014, en el Centro Educativo Integral de Itaugua (CEI) un grupo de adolescentes realizaron la quema de colchones en el interior de los pabellones como medida de protesta ante las reiteradas situaciones de maltratos físicos y verbales por parte de los guardia cárceles, la mala calidad de la alimentación, y la falta de insumos básicos, entre otros. En ésta ocasión fueron asesinados Francisco Daniel Rojas Insfrán (16) y Néstor Javier Duarte Rodríguez (17) por guardias que realizaron disparos con armas de fuego contra ambos adolescentes privados de su libertad.
En septiembre de 2014, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentaron una querella adhesiva criminal por homicidio doloso contra los presuntos autores de los disparos que dieron muerte a los dos adolescentes.
