La denominada «Carpa de la Resistencia» seguirá en pie frente a la sede del Poder Judicial en la ciudad de Asunción, al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conteste el pedido de recurso extraordinario de casación para tratar de anular la sentencia que condenó a 11 campesinos a penas de 5 a 30 años de cárcel por el caso conocido como la masacre de Curuguaty.
La información fue confirmada a la Codehupy por Martina Paredes, coordinadora de familiares de víctimas de la masacre que derivó en la muerte de 17 paraguayos (11 campesinos y 6 policías), quien ratificó que las condenas fueron producto de un juicio parcial y que continuarán resistiendo hasta lograr una justicia mas ecuánime con los campesinos y las personas humildes de nuestro país.
Los abogados Jorge Bogarín y Raúl Caballero presentaron el recurso el pasado 5 de junio en la Secretaría de Atención Permanente el recurso de casación. Lo hicieron en representación de Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Néstor Castro, Arnaldo Quintana, María Fani Olmedo, Dolores López Peralta, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Adalberto Castro. La defensa de Lucía Agüero ataca la falta de fundamentación, ya que los camaristas no resolvieron todas las peticiones de la defensa. Dijo que se preparan para tribunales internacionales si la Corte no revierte las condenas. Bogarín, por su parte, alegó que los fallos tienen muchas falencias, que no se probó que Villlalba y Olmedo mataron al policía Erven Lovera y que hubo pruebas endebles.
La casación pretende anular aquel juicio que se basó en la investigación del fiscal Jalil Rachid, ligado familiarmente a actores clave en las tierras en litigio. La misma fue acusada repetidas veces de abiertamente parcial, incongruente y sometida al sector político que se hizo con el poder tras el juicio político que derivó en la remoción del entonces presidente de la República, Fernando Lugo. Organizaciones por los Derechos Humanos y de la sociedad civil también se posicionaron en contra de las sentencias impuestas a los procesados.
El 28 de agosto pasado, y en consonancia con la fecha límite establecida para contestar el recurso de casación, el Ministerio Público rechazó lo planteado por los defensores de los labriegos. Ahora deberá hacer lo propio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es resolver el pedido, es precisamente esto lo que aguardan los familiares de los campesinos que se encuentran acampando hace varios meses en la Carpa de la Resistencia.
