En marzo de 2012, el Comité dictaminó: a) que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida en el contexto de la ejecución arbitraria del dirigente campesino Eulalio Blanco; y b) que el Estado violó el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el contexto de las torturas a las que fue sometido el dirigente campesino Ernesto Benítez. En ambos dictámenes, el Comité también concluyó que el Estado paraguayo violó los derechos de familiares de Eulalio Blanco y los derechos de Ernesto Benítez al no realizar una investigación adecuada de ambos hechos.

Así también, en los dos dictámenes el Comité estableció que el Estado paraguayo está obligado a: 1) realizar una investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos; 2) una reparación integral a la Sra. Florentina Olmedo, esposa de Eulalio Blanco, y a Ernesto Benítez; y 3) evitar que se cometan hechos similares en el futuro.

La CODEHUPY, en representación de la Sra. Florentina Olmedo y del dirigente campesino Ernesto Benítez, desde la emisión de los dos dictámenes viene realizando varios esfuerzos a fin de lograr que el Estado paraguayo firme los acuerdos de medidas reparatorias, que son necesarios para avanzar en el cumplimiento de los citados dictámenes. A pesar de las reuniones con autoridades y representantes de diferentes instancias estatales, de la discusión sobre los borradores de los acuerdos, hoy siguen sin darse las condiciones para la firma de los acuerdos, debido a la excesiva demora y falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades correspondientes del Estado paraguayo.

A través de los informes remitidos en la fecha al Comité, la CODEHUPY pone de manifiesto su profunda preocupación respecto a esta situación, a fin de que el Comité pueda adoptar las medidas que estén a su alcance y que contribuyan al cumplimiento de los dictámenes respectivos por parte del Estado paraguayo.

Antecedentes:

• Eulalio Blanco era un productor de cedrón Paraguay y pertenecía a una organización de productores de cedrón en el departamento de San Pedro. Fue ejecutado por un agente policial durante la represión de la protesta de los cedroneros contra el Gobierno en el año 2003. Además, 16 personas que participaban en la movilización fueron heridas con disparos de arma de fuego por parte de la Policía. El caso se mantuvo en la impunidad porque la Fiscalía no lo investigó debidamente. Eulalió dejó una esposa y siete hijos.
• Ernesto Benítez, en el año 2003, se encontraba apoyando la manifestación de producatores de cedrón, en la que fue ejecutado Eulalio Blanco. Ernesto recibió un impacto de un proyectil de goma, y con otros 18 manifestantes fue llevado a una comisaría, donde Ernesto y los 18 manifestantes fueron sometidos a torturas por parte de militares y policías, que actuaron bajo la supervisión del fiscal. El caso quedó en la impunidad debido a la mediocre investigación fiscal.
• En el 2008, la CODEHUPY y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) presentaron los casos de Eulalio Blanco y de Ernesto Benítez al Comité de Derechos Humanos de la ONU, instancia que en marzo de 2012 emitió dictámenes sobre ambos casos, con los detalles ya señalados, que en la práctica constituyen una condena al Estado paraguayo.

Más información:

– Dante Leguizamón (Coordinador del Área Jurídica de la CODEHUPY): 0981 – 555430

– Enrique Gauto Bozzano (Secretario Ejecutivo de la CODEHUPY): 0981 – 415586