La Codehupy y Serpaj Paraguay acompañan en calidad de observadores el juicio contra los hermanos Gregorio y Víctor Morales Martínez, presos hace más de cuatro años en Concepción, bajo el supuesto de haber servido de apoyo logístico para el EPP. El proceso en su contra, se sostiene en indicios y testimonios no corroborados, además de un contexto de abierta criminalización de líderes sociales en el norte del país.
La Codehupy desde hace varios años está preocupada por la política de persecución penal que desarrolla el Ministerio Público (MP) en relación a los crímenes atribuidos al EPP. En este sentido, el caso de los hermanos Gregorio y Víctor Morales, una vez más, reconoce el mismo patrón de violaciones a garantías judiciales y debido proceso ya observado en otros procesos judiciales análogos, que se han dado en el mismo contexto de persecución penal asociado al combate de los grupos armados ilegales que operan en los departamentos del norte del país.
En relación al caso en sí, se observa -tal como se ha visto también en varios otros juicios- que la acusación de la Fiscalía no está basada en pruebas procesalmente consistentes, sino solamente en indicios. El sustento probatorio con el cual se lleva adelante la acusación es absolutamente insuficiente, pues surge de un informe policial que narra determinados hechos recogidos a partir de testimonios anónimos que no están corroborados en juicio, siendo esta circunstancia una clara violación al derecho a la defensa.
Familiares de los hermanos Morales sienten que “no existen garantías” para un proceso justo y acorde a lo que establece la ley, es decir justicia basada en pruebas y no en hipótesis sin comprobar. Medios de comunicación dieron cuenta de que una de las pruebas del Ministerio Público es una lata de leche en polvo que habría sido comprada por Gregorio y Víctor y posteriormente hallada en un presunto campamento del EPP, todo esto según “fuentes humanas” no verificadas.
Desde hace años pobladores de distritos y departamentos del norte denuncian todo tipo de abuso de poder por parte de la Fiscalía y de Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). De hecho, empezando por el marco jurídico de actuación de la FTC ya hay problemas, teniendo en cuenta que el mismo es inconstitucional, debido a que el empleo de fuerzas militares en tareas de seguridad interna no está autorizado por la Constitución Nacional. En relación a este tema existen 2 acciones de inconstitucionalidad que fueron admitidas a trámite por la Corte Suprema de Justicia y que a la fecha están pendientes de decisión. Asimismo, en el Senado desde hace varios años existe un proyecto de derogación de la ley de defensa teniendo como fundamento, justamente, su inconstitucionalidad.
Por otra parte, es una preocupante la notoria la criminalización campesina que surge de procedimientos de la FTC y el MP, que presentan a los líderes sociales y sus organizaciones como aliadas del EPP, aunque no lo puedan probar ante los tribunales, cuyos jueces son presionados para condenar, basados en una narrativa estigmatizante del movimiento campesino, alimentada a su vez por una política de persecución penal, más preocupada por ofrecer resultados a la prensa y la opinión pública, que a investigar objetivamente y con apego al debido proceso.
Más información:
Óscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de Codehupy; 0971-284292
Vidal Acevedo, integrante del Equipo de Coordinación de Serpaj; 0971-336934
