La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó ante la Corte Suprema de Justicia un hábeas corpus preventivo en defensa del profesor Miguel Ángel Fernández (82) y la señora Diana Bañuelos (65), a quienes la Fiscalía convocó a declarar por haber participado de una manifestación frente al Panteón de los Héroes semanas atrás.
Ambas personas participaron de la protesta frente al Panteón de los Héroes el pasado 5 de setiembre, para pedir que el Ministerio Público investigue las circunstancias en que dos niñas de 11 años resultaron víctimas fatales de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ninguna de ellas guarda relación con los daños causados al edificio, sin embargo, el Ministerio Público los convocó y les hicieron preguntas para identificar a otras personas que estaban en la manifestación.
“Si bien los beneficiarios no han sido hasta ahora imputados formalmente por el Ministerio Público ni se ha decretado su detención, sobre las mismas pesa una grave amenaza y permanecen en un limbo jurídico en el cual para el Ministerio Público son ‘indiciados’ o ‘sospechosos’ sometidos a un procedimiento penal abierto”, indica el documento presentado este lunes 21 de setiembre ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Codehupy, indicó que, para la organización, la actuación fiscal supone una forma más de criminalización de la protesta social y está vulnerando los derechos a la reunión y a la manifestación pública de las dos personas citadas en el amparo. El abogado explicó que el habeas corpus preventivo es una acción prevista en la Constitución Nacional y que la Corte Suprema de Justicia debe estudiar lo señalado en el documento y expedirse sobre lo argumentado.
“El caso traído a consideración de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante este hábeas corpus preventivo constituye una situación paradigmática del fenómeno que se da en llamar la criminalización del derecho a la protesta social, es decir, el uso extensivo, exorbitante o abusivo del derecho penal con la finalidad de inhibir, restringir o denegar de un modo ilegal el derecho de reunión pacífica”, argumenta la Codehupy en el documento.
Para el abogado, la actuación de la Fiscalía en este caso, responde a un patrón que se viene observando desde hace años y existe un largo prontuario donde se observa que el Ministerio Público crea sistemáticamente causas penales con fines de persecución “La fiscalía haciendo un uso indebido del derecho penal termina formando causas que más que nada tienen por propósito desalentar esas luchas, vulnerando el derecho a la protesta social de muchos sectores que interpelan al Estado y al poder en general”, afirmó Ayala Amarilla.
Por su parte el profesor Miguel Ángel Fernández, de 82 años, quien compareció también al Palacio de Justicia para la presentación del hábeas corpus, señaló que la convocatoria de la Fiscalía se enmarca en un momento de una avalancha de autoritarismo. “Es una especie de regresión a los momentos más duros de la represión stronista, todavía no pueden hacerlo en plenitud digamos, pero evidentemente van hacia eso y yo creo que este es el momento también de que los ciudadanos tomemos conciencia de esa situación y no permitamos el avance de este autoritarismo miserable que representa una especie de regresión hacia un neostronismo”, aseveró.
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