La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) solicitó al Senado la conformación de una Comisión de Investigación para esclarecer lo ocurrido en el operativo que provocó la muerte de las dos niñas de 11 años en Yby Yaú el pasado 2 de setiembre. Asimismo, pidió la derogación de la ley que -en riña con la Constitución Nacional- crea la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
“El caso de las niñas, que conmociona a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional, dista de ser aislado. Desde su conformación han sido denunciados numerosos hechos que ameritaron la más exhaustiva de las investigaciones del actuar no sólo de dicha articulación de las fuerzas públicas, sino también de agentes del Ministerio Público”, argumenta la Codehupy en la nota presentada este miércoles al Senado, para solicitar que se conforme una Comisión de Investigación que esclarezca lo sucedido en Yby Yaú.
De acuerdo con el documento, el mal manejo de la situación, el apresuramiento violatorio de disposiciones legales para el entierro de las niñas, así como la eliminación de sus prendas, violan previsiones mínimas del Protocolo de Minnesota, así como el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que llama a la protección prioritaria de los niños y niñas en confrontaciones armadas.
“De ser cierto las declaraciones oficiales respecto a un eventual reclutamiento, el Estado estaba llamado a desmovilizarlas o separarlas, protegerlas y cuidarlas, prestando toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica, así como su reintegración social”, indica la Codehupy entre sus argumentos.
Señala también que debido al contexto de numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la FTC, es necesaria la derogación de la ley 5036/13 que modifica la ley «De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, como del decreto 103/2013 del Poder Ejecutivo que sirven de marco legal, pero que son incompatibles con la Constitución del Paraguay en numerosos artículos, entre ellos, el 172 (De la composición de las Fuerzas Públicas); 175 (De la Policía Nacional); 3 (Del Poder Público); entre otros.
“Desde luego que el Estado debe tener una política de seguridad para combatir estos grupos ilegales que generan mucha violencia y hechos punibles que son conocidos por la sociedad. Lo que nosotros decimos es que esa respuesta del Estado en términos de seguridad, hoy esta dada de manera ineficiente, inconstitucional y a su vez está arrojando más violencia en términos de violación de derechos”, afirmó el secretario Ejecutivo de la Codehupy, Oscar Ayala Amarilla, al tiempo de insistir en que cualquier fuerza de seguridad destinada a combatir estos grupos ilegales, debe estar amparada en el marco de la Constitución Nacional, de los tratados y protocolos internacionales.
“En términos de derechos humanos la verdadera justicia es que hechos de este tipo no se repitan, y en ese sentido tal vez una de las primeras tareas es abordar la derogación de la ley que modificó la Ley de Defensa Nacional y que ha permitido la participación de militares en tareas de seguridad interna”, concluyó.
Acceder aquí a la nota presentada al Senado Codehupy solicita creación de Comisión de Investigación para caso de Yby Yaú
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