La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) acordaron realizar un trabajo conjunto a fin de mejorar y lograr la aprobación del actual anteproyecto de ley “Sobre libertad de expresión y protección a periodistas y trabajadores de prensa”.
Durante una reunión realizada el pasado miércoles entre el secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala; el secretario general del SPP, Santiago Ortiz, y el abogado del gremio de periodistas, Pedro Benítez, analizaron el texto del proyecto de normativa y acordaron realizar varias actividades de socialización y buscar el asesoramiento de las oficinas de derechos humanos y relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas.
Uno de los puntos de coincidencia fue la necesidad de reformular la conformación del Mecanismo de Protección, que de acuerdo al texto del anteproyecto de ley estaría integrado por un representante de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom), el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el periodismo televisivo, periodismo radial, periodismo escrito, periodismo digital, Asociación de Reporteros Gráficos y técnicos que trabajen en medios.
La objeción planteada es que los organismos del Estado formarían mayoría y podrían frenar cualquier iniciativa. Esto tomando en cuenta que precisamente en muchos casos son los agentes del Estado los responsables de las amenazas y hostigamientos contra periodistas. Otro punto criticado es la falta de mención del papel que deben cumplir las patronales de medios para garantizar la seguridad de los trabajadores. Asimismo, el texto no explicita el presupuesto que recibiría el mecanismo para su funcionamiento, a más de que no se regulan sus facultades operativas.
En su exposición de motivos el texto señala que el objetivo del proyecto normativo es garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todas aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo y del trabajo de prensa, respondiendo a la necesidad de proteger, con una base legal sólida, a personas físicas y organizaciones de dicho ámbito.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Olga Ferreira, en el marco de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo durante el último Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ante las recomendaciones recibidas el Estado se comprometió a implementar medidas para proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos, así como políticas concretas para garantizar la libertad de expresión en el Paraguay.
Asimismo, se comprometió a combatir la impunidad de todos los ataques contra defensores de derechos humanos, incluyendo la investigación de los asesinatos de 17 periodistas desde 1991 así como los maltratos y violencia contra los comunicadores.
