Entre el 8 y 9 de agosto de este año el Paraguay fue examinado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de las Naciones Unidas, que este viernes presentó las conclusiones de la evaluación. El informe señala que la discriminación estructural que padecen los pueblos indígenas y los afroparaguayos aumenta la brecha de desigualdad entre estos grupos con relación al resto de la población.
“Preocupa al Comité la discriminación estructural de la cual continúan siendo víctimas los pueblos indígenas, así como la discriminación e invisibilidad que enfrentan los afroparaguayos, lo cual se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afroparaguayos, en relación al resto de la población”, apunta el documento.
Ante esta situación el Comité recomienda al Estado paraguayo que “adopte una política nacional integral de lucha contra el racismo y la discriminación racial que promueva la inclusión social y reduzca los altos niveles de desigualdad y pobreza que afectan a los miembros de pueblos indígenas, y las y los afroparaguayos”, añade el documento, que también observa que no se han tomado las medidas necesarias para que los indígenas tengan representatividad dentro del Instituto Paraguayo Indígena (Indi). Al mismo tiempo alerta sobre el recorte del presupuesto destinado al ente así como la falta de consulta en los proyectos que afectan a los indígenas, como el otorgamiento de licencias ambientales para actividades agrícolas, ganaderas, madereras y de prospección de petróleo.
Los expertos subrayaron que esta discriminación se manifiesta con mayor intensidad hacia las mujeres indígenas y afroparaguayas, incluyendo la falta de acceso a los servicios de salud, específicamente sexual y reproductiva, como también en lo relativo a educación, trabajo y participación en la toma de decisiones. Además lamentan que el Estado no haya adoptado una definición de discriminación racial y que el Congreso no haya aprobado la ley contra toda forma de discriminación de manera que los actos discriminatorios estén definidos en la legislación penal.
Otra situación señalada por el Comité es el acaparamiento generalizado de la tierra por entes privados, empresas o individuos, lo cual ha generado conflictos sociales y desalojos forzosos de los pueblos indígenas de sus tierras o territorios así como la falta de mecanismos adecuados para la reclamación y restitución de tierras. De hecho, el Estado paraguayo tiene tres condenas a nivel internacional que lo obligan a restituir tierras y resarcir a las comunidades afectadas, pero que no han sido cumplidas o lo han sido solo de manera parcial.
“El Comité acoge los esfuerzos realizados por el Estado parte para dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek. Sin embargo, le preocupa que tales sentencias no han sido aún íntegramente ejecutadas, lo cual continúa afectando el ejercicio de los derechos de tales comunidades”, dice el texto.
Al CEDR le preocupan, además, las altas tasas de analfabetismo entre la población indígena y afroparaguaya, por lo que recomienda al Estado que incremente sus esfuerzos para erradicar el analfabetismo y para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la educación para las y los niños indígenas y afroparaguayos, incluso en su lengua materna, y mediante la elaboración de planes educativos interculturales que cumplan con el objetivo de promoción y preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y afroparaguayos. Asimismo, insta a continuar los esfuerzos para establecer escuelas en las zonas rurales y remotas donde hay una mayor concentración de población indígena y para mejorar la calidad e infraestructura de las mismas.
El Comité también se pronunció ante las informaciones recibidas sobre actos de represalias, intimidación, amenazas, e incluso posibles actos arbitrarios por parte de autoridades públicas, en contra de defensores de derechos humanos, incluyendo líderes indígenas y defensores de derechos de los pueblos indígenas. Ante estas denuncias pide que se investigue y castigue a los responsables de estos actos.
Otro motivo de preocupación expresado son las precarias condiciones de trabajo y la explotación laboral, principalmente en las haciendas del Chaco, la malnutrición infantil y el riesgo que amenaza a poblaciones no contactadas como los ayoreo totobiegosode por la deforestación de sus territorios, que pone en riesgo su supervivencia física y cultural.
Finalmente, el Comité exhorta al Estado para que de manera inmediata las autoridades competentes tomen todas las medidas necesarias para proceder al nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo –que tiene mandato vencido desde 2008– mediante un proceso de selección y nombramiento que sea transparente y participativo, en el que prevalezca el mérito, la capacidad y la integridad, además de garantizar que la institución cumpla su mandato.
Foto: Tierraviva
