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¿Cómo nos protegemos los defensores y las defensoras de derechos humanos en América Latina, la región más peligrosa del mundo para esta labor?

En un seminario en Paraguay, referentes de diversos países hablaron de la necesidad articular políticas públicas y estrategias sociales colectivas.

En 2017 aproximadamente cada día fue asesinado un defensor o defensora de derechos en el mundo, es decir, personas que defendían derechos colectivos, como líderes campesinos, indígenas, afros, sindicales, referentes de mujeres organizadas, de  personas LGTBI, de poblaciones urbanas, defensores del medioambiente, abogados/as, periodistas que buscaban  hacer prevalecer el interés público sobre el de intereses corporativos…

Se estima que 3 de cada 4 asesinatos se dio en América Latina, donde esta tendencia se incrementa, a pesar de que en países como Colombia y México los Estados están invirtiendo cada vez más dinero y abriendo instituciones especializadas para frenar esta realidad.

Este fue el contexto regional que marcó el  III seminario “Mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos”, realizado en la Universidad Columbia de Asunción, donde se congregaron referentes locales y de países como Colombia, México, Honduras y Guatemala para hablar de los logros y aprendizajes de las últimas dos décadas.

El escenario se torna todavía más adverso cuando además de tener en contra a los perpetradores de esos crímenes y a  los  gobiernos, se tiene en contra a grandes sectores de las poblaciones nacionales alimentando la estigmatización, ante lo cual se debatió la necesidad de sensibilizar permanentemente sobre los derechos humanos y sobre el rol de personas defensoras.

“Los defensores a menudo son tratados de delincuentes, lo que los pone en particular situación de riesgo y les obliga a justificar constantemente cada una de sus acciones”, resumió Birgit Gerstenberg, representante regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que participó del evento.

Como muestra del hostigamiento que mencionamos, uno de los panelistas que tenía que participar del seminario, el defensor mexicano de derechos Alejandro Cerezo, fue detenido irregularmente durante su escala en Panamá y deportado de vuelta a  México, a pesar de no existir ningún motivo ni menos aún alguna orden de la justicia de su país para restringir sus derechos. Ante esto, participantes del evento emitieron un comunicado condenando esta situación.

Cambios en los patrones de violencia

 En décadas atrás los ataques iban dirigidos a personas defensoras de causas relacionadas a la justicia, la memoria y reparación en torno a los regímenes autoritarios del pasado. Pero hoy giró hacia personas defensoras de derechos en torno a la tierra, como campesinos, mujeres indígenas, ambientalistas, activistas LGTBI,  abogados, mujeres organizadas contra la violencia de género y también los ataques hoy van dirigidos contra periodistas.

Todos estos actores  salen a reclamar derechos y al hacerlo confrontan con intereses muy poderosos, relacionados a proyectos económicos de extractivismo, minería, obras de infraestructura o con bandas delictivas con anuencia/vínculos con los Estados.

Más allá de las particularidades de cada país, un elemento común  en la región es la impunidad. Se calcula que un 80% de las muertes, amenazas, violaciones, torturas, hostigamiento, criminalización y estigmatización no son investigadas y sus responsables procesados y castigados, lo que re-alimenta el círculo de violencia y muchas veces termina disuadiendo a las personas defensoras.

Fracaso de los mecanismos individuales de protección

En los últimos 20 años en la región las organizaciones de la sociedad civil nacionales como internacionales han encabezado el desarrollo de estrategias y mecanismos para prevenir y proteger a personas defensoras.

También han logrado conquistas frente a los Estados, que se han visto obligados a hacer mejoras legislativas y crear instituciones especializadas contra este flagelo, como también estrategias de seguridad a favor de aquellos defensores/as amenazados.

Los mecanismos de protección individuales para defensores, como asignarle custodio policial, dotarle de un botón de pánico, ponerle chaleco antibala… han mostrado que son un fracaso, coincidieron participantes de Colombia, México, Honduras y Guatemala.

Lo que más ha salvado vidas, en cambio, han sido las estrategias de autoprotección, es decir, aquellas pensadas y originadas en las mismas comunidades/ territorios/organizaciones y encaradas colectivamente para proteger territorios y personas defensoras, como las guardias indígenas o campesinas en Colombia.

Uno de los desafíos en la región, que analizaron, es articular propuestas  provenientes de las organizaciones sociales y aquellas relacionadas a responsabilidades del Estado, y que se traduzcan en políticas públicas para defender el derecho a defender derechos humanos.

Sin embargo, ningún mecanismo de protección será suficiente, señalaron, si no se atienden las causas estructurales que hacen que nuestra región sea la más peligrosa para reclamar y defender derechos.

Organización del evento

El seminario fue organizado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y su Grupo de Trabajo sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Protesta social y criminalización*.

Contó con la cooperación técnica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur- Oficina en Paraguay (ACNUDH),  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y Protection International (PI).

El auspicio de Diakonía en Paraguay, OXFAM en Paraguay, Pan para el Mundo, en alianza con el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la institución TEDIC y la Universidad Columbia del Paraguay y el apoyo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP).

 

*El Grupo está conformado por el Servicio Paz y Justicia Paraguay, (SERPAJ PY), Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, Base Investigaciones Sociales (BASE-IS), Amnistía Internacional Paraguay, Enfoque Territorial  y la Coordinadora de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA).

 

 

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