El 15 de junio de 2012 ocurrió la masacre en Curuguaty; esa fría mañana en Marinacue fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías con balas de armas de grueso calibre, disparadas por francotiradores; eso fue muy claro para las crónicas periodísticas de primer momento y para la mayoría de los expertos. La masacre de Curuguaty fue utilizada como causa principal del alegato para el Juicio Político al entonces Presidente Fernando Lugo, quien fue destituido el 22 de junio de 2012.

 CONFIRMAMOS:

1. Hoy, a más de 5 años de la masacre, se han hecho públicos varios audios que desnudan lo que era un secreto a voces, denunciado por los movimientos sociales y sectores políticos: el manejo mafioso de la Justicia paraguaya. Uno de los involucrados en estas escuchas es el ex Ministro del Interior, Carmelo Caballero (junio 2012 – agosto 2013), responsable del resguardo de todas las pruebas producidas por la Policía, como la filmación de la masacre, realizada desde el helicóptero R44 de la Policía Nacional. Sobre este punto, el entonces abogado de la causa, Guillermo Ferreiro, tras recibir varias negativas por parte de los responsables de esa filmación, había requerido a quien oficiaba de Ministro, Carmelo Caballero, a través de una nota oficial de fecha 1 de marzo del 2013, que lograra individualizar a los responsables de la desaparición de la filmación, pero éste jamás respondió la solicitud. https://es.scribd.com/document/128008308/CarmeloCaballero-Pedido-de-Sumario.
2. Asimismo, durante el juicio oral que “investigó” solo la muerte de los 6 policías, no así la de los 11 campesinos, el testigo, oficial Antonio A. Gaona, declaró la existencia de tres filmaciones de todo el operativo realizado en Marinakue aquel 15 de junio, por el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ante lo cual, frente a los presentes, el Tribunal determinó solicitar al Ministerio del Interior que remitiera los tres videos que no formaban parte de la carpeta fiscal, pero la respuesta fue que las mismas no se encontraban en esa dependencia. http://www.ultimahora.com/no-tiene-videos-curuguaty-n964495.html.
3. La autopsia y las placas radiográficas: en el juicio, el testigo forense, Dr. Pablo Lemir, declaró que no habían realizado autopsia de los cuerpos de los policías asesinados porque nadie se lo había pedido. http://www.abc.com.py/nacionales/curuguaty-rechazan-pedido-de-autopsia-1454972.html; sin embargo, hay un registro periodístico del 16 de junio 2012 –día siguiente a la masacre– donde el mismo Lemir afirma que ya terminaron la autopsia de los 6 policías abatidos en Curuguaty: http://www.abc.com.py/nacionales/termino-la-autopsia-de-los-policias-muertos-414770.html, Siempre en el juicio oral, ante la ausencia de las autopsias –elemento científico que debería al menos acercarse a la verdad– la defensa de los campesinos y las campesinas le solicitó que presentase las placas radiográficas de los cuerpos de los policías asesinados, ya que las mismas no se encontraban en el expediente, a lo que Lemir respondió que ya las había entregado a la Fiscalía, e insistió en que no entendía para qué querría las placas radiográficas que tienen un alcance bidimensional si él estaba presentando una imagen tridimensional de los cuerpos. La defensa solicitó al Tribunal que se exhibieran las placas radiográficas –prueba científica que debía evidenciar el tipo de proyectiles alojados en los cuerpos de los policías asesinados– pero esto no fue posible porque desaparecieron. Ante la ausencia de estas pruebas científicas, la defensa solicitó la exhumación de los cuerpos, lo cual fue denegado por la Fiscalía y reforzado por el Tribunal.

¿Por qué las pruebas que permitirían a toda la ciudadanía y al mundo entero saber lo que realmente sucedió aquella mañana, han sido desaparecidas?

¿Existirá algún audio donde el ex Ministro del Interior, Carmelo Caballero, ordena que desaparezcan las filmaciones del helicóptero?

¿Sería muy exagerado suponer que existe otro audio donde el fiscal de la causa, Jalil Rachid –que en pleno juicio oral pidió permiso para asumir como Viceministro del Interior– se asegura de que las filmaciones del operativo no fueran entregadas, ni siquiera a pedido del Tribunal de Sentencia?

¿Sería acaso perverso imaginar que existe un audio, donde el presidente del Tribunal Ramón Trinidad Zelaya –que durante el juicio no pudo esconder su complicidad con los fiscales acusadores– conversa con Jalil Rachid sobre la necesidad de condenar a las campesinas y los campesinos para mantener impunes a los verdaderos responsables de la masacre de Curuguaty?

Los audios del Secretario del Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del abogado Carmelo Caballero nos permiten concluir que también en el caso Curuguaty, el Ministerio del Interior y la Fiscalía manipularon todas las pruebas que permitirían demostrar la inocencia de las y los campesinos y establecer otra línea de investigación. Responsabilizamos al Ex Ministro Carmelo Caballero y al Fiscal Jalil Rachid de la desaparición de las filmaciones del helicóptero y las otras tres de Derechos Humanos del Ministerio del Interior e

INICIAREMOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES PARA SU ESCLARECIMIENTO.

Por todo lo expuesto, las y los Presos Políticos, Familiares de las Víctimas de la Masacre en Curuguaty, organizaciones sociales, políticas e individualidades,

EXIGIMOS:

1. El estudio minucioso de la Corte Suprema de Justicia del recurso de casación presentado el 15 de junio del 2017.
2. La conformación de un nuevo equipo de investigación por parte del Congreso Nacional, que incluya el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ofrecido hace mucho tiempo.
3. La publicación del informe parcial de la Comisión conformada por el Congreso Nacional a pedido del Gobierno de los Estados Unidos –durante el Examen Periódico Universal realizado por las Naciones Unidas a Paraguay en el año 2016– quienes habían sugerido al Estado paraguayo que conformase una Comisión Independiente para investigar los hechos ocurridos aquel 15 de junio de 2012, en Marinakue.
4. La investigación objetiva del actuar del ex Ministro Carmelo Caballero, el fiscal de la causa Jalil Rachid, la jueza que elevó la causa a juicio oral sin contar con los requerimientos necesarios, Janine Ríos, así como de los jueces que integraron el Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelaciones y los más de 20 inhibidos en la Corte Suprema de Justicia.

 LIBERTAD PARA LAS Y LOS PRESOS POLITICOS: Néstor Castro, Luis Olmedo, Rubén Villalba, Arnaldo Quintana, Dolores López, Lucia Agüero y Fany Olmedo.

Colectivo #NulidadYa

Asunción, 19 de enero de 2018