Amancio Ruíz, uno de los dirigentes del asentamiento agroforestal 4 de Mayo de la ciudad de Capiibary del departamento de San Pedro, fue víctima de una agresión criminal por desconocidos, quienes en la madrugada del 19 de enero le prendieron fuego a su vehículo. El fuego pudo haber llegado hasta la casa donde Amancio y su familia descansaban, sin embargo, gracias a que lo pudieron controlar con rapidez, la situación no se convirtió en una tragedia.

¿Quiénes realizaron este atentado?, ¿por qué lo hicieron?, ¿cuál era el objetivo final? son preguntas sin respuestas. Amancio, sus familiares y los integrantes del asentamiento reclaman una investigación exhaustiva por parte de la fiscalía zonal, y que la Policía Nacional realice recorridos permanentes en el asentamiento para garantizar seguridad a los pobladores.

Un hecho curioso relacionado a esto, es que al solicitar los representantes de CODEHUPY la carpeta fiscal del caso en la fiscalía de Capiibary, resultó que hasta el momento, no se había realizado ninguna investigación, ni siquiera se tubo en cuenta lo solicitado por la víctima en cuanto a sugerencias y tampoco se tomó como evidencia el bidón de combustible encontrado en la escena del crimen y que hasta hoy, permanece en la vivienda. Se constató, que la denuncia tenía un proyecto de desestimación, por tratarse de daños materiales, sin considerar el contexto en que sucedieron los hechos y los posibles daños graves que pudieron acontecer.

Ruiz y los integrantes del asentamiento atribuyen este atentado a una estrategia para generar miedo a los dirigentes y a los pobladores del lugar y así lograr el cese de la lucha que vienen realizando en defensa de un lote de 50 hectáreas que ellos denominan parte del asentamiento 4 de Mayo, y que es conocido como “Reserva natural por el cause hídrico”. Sin embargo, personas externas a la comunidad manifiestan que esas 50 hectáreas les pertenece e intentan apropiarse del terreno que el INDERT había considerado como campo comunal y que tiempo atrás habían definido como territorio de reserva natural.

La situación es aún más preocupante, puesto que, Amancio y su padre recibieron una demanda civil por invasión de inmueble, por lo que consideran que la agresión recibida guarda relación con este hecho.

Para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), este ataque es claramente una estrategia que busca debilitar la lucha campesina, que en este caso, intenta proteger al medio ambiente, específicamente, el recurso hídrico que se encuentra dentro del lote en disputa.

La comunidad 4 de Mayo tiene 25 años de existencia, es producto de una larga lucha realizada por los pobladores campesinos y campesinas, quienes conquistaron esas tierras de más de 5.500 hectáreas donde residen más de 180 familias. Han establecido sus viviendas y zonas de cultivo de conformidad a los reglamentos y disposiciones del INDERT.

“Vivimos dos desalojos violentos. Durante 9 meses estuvimos frente al Congreso de la Nación solicitando que éste lugar se convierta en asentamiento, y a lo largo de nuestra historia pasamos por muchas luchas, maltratos y violencias” comenta Amancio durante una conversación con representantes de la CODEHUPY.

Es necesario que las instituciones estatales pertinentes como el INDERT y la fiscalía zonal realicen una investigación y esclarezcan lo sucedido en la vivienda de Ruiz, como también, que se efectué la delimitación del terreno en disputa y se respete su figura jurídica como campo comunal del asentamiento, para que los recursos naturales sean resguardados como exige la comunidad.

Entrevista realizada a Amancio Ruiz, dirigente campesino de la comunidad 4 de Mayo.