A raíz de los hechos que son de público conocimiento y que afectan gravemente a la República, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), manifiesta cuanto sigue:

1- Rechazamos enérgicamente el grave atentado a la institucionalidad democrática que se ha profundizado y acelerado en los últimos días en el Paraguay, y que tiene expresión concreta en el avasallamiento del Congreso y sus autoridades, en el atentado que tiene herido de bala a un Diputado, en la omisión de las fuerzas públicas a la hora de proteger de la quema y destrucción la sede del Poder Legislativo, así como en el allanamiento, sin orden judicial, de un partido político por agentes de la policía nacional, durante el cual, se dio muerte a un dirigente juvenil en lo que sería una ejecución extrajudicial, acto de barbarie que no podemos sino calificar como Terrorismo de Estado, considerando que  a este hecho se suman las detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas que se han registrado masivamente.

2- La situación que vive el país, es resultado del progresivo deterioro y vaciamiento institucional y democrático denunciado desde hace varios años por la Codehupy en sus diversos informes, originado en la ambición desmedida de poder, la falta permanente de respeto a la Constitución de la República y la denegación estructural de derechos  que vulnera cotidianamente los de derechos de ciudadanía a un amplio sector de la población, por un Estado que renuncia a garantizarlos en función a la preservación de los intereses sectorial y de grupos que los gobiernos de turno promueven y defienden, por encima del estado de derecho.

3- Asimismo, denunciamos como inaceptable la falta de garantías a la ciudadanía que durante toda la noche de ayer y la madrugada de hoy experimentó la desprotección a la que fue sometida, por el abandono de sus funciones por las fuerzas policiales en la Capital, con el resultado de la vulneración a la libertad, integridad física, derecho de circulación y seguridad, asociados al daño y robo del patrimonio de numerosas personas y familias. En ese sentido, hemos registrado que al menos 211 personas han sido detenidas, la mayoría de manera presuntamente arbitraria, siendo también víctimas de torturas, malos tratos y robos por parte de la policía. Asimismo, varias mujeres detenidas han denunciado haber sido obligadas por las fuerzas públicas a desnudarse.

4- La Codehupy, exige a todas las autoridades políticas del Congreso y el Poder Ejecutivo, que no interfieran en la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial, a cuyos magistrados exigimos la realización de una investigación completa e imparcial para sancionar ejemplarmente a los agentes estatales que sean responsables de los crímenes cometidos durante los eventos el día de la víspera, en particular, la presunta ejecución extrajudicial del dirigente del PLRA Rodrigo Quintana.

5- Por último, a la luz de los acontecimientos en curso, al tiempo de exigir el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos, exigimos de igual modo, el cese inmediato de las acciones políticas encaminadas a promover la modificación de la Carta Magna, que más allá de la discusión relativa a su procedencia en el plano formal, en la coyuntura deviene arbitraria y carente de toda legitimidad.

Asunción, abril 1 de 2017

Por la Coordinación de Turno,

Mirta Moragas, Coord. de Mujeres del Paraguay.

Fernando Rojas, Decidamos.

Raquel Samudio, Enfoque Territorial.

Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo.