El periodo del informe se caracteriza por varios avances normativos pero ninguna implementación de políticas públicas en el ámbito de los derechos sexuales. Las cifras de violencia sexual y particularmente de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes se mantienen estables, recordando la impostergable necesidad de implementar una política de educación integral de la sexualidad.
La postura conservadora del Gobierno actual, desde el presidente Mario Abdo Benítez y de su gabinete, no permite tener muchas esperanzas de cambio.
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