El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala Amarilla, realizó una visita y llevó su solidaridad al abogado Raúl Marín, procesado hace más de un año por asistir jurídicamente a familias sin techo, que fueron desalojadas de un inmueble ubicado en Capilla del Monte, ciudad de San Lorenzo.
Durante la entrevista Marín recordó que fue detenido el 13 de enero de 2016 sin orden judicial bajo los cargos de coacción y obstrucción por haber mediado en una ocasión para evitar el desahucio.
En los informes de “inteligencia” que se utilizaron en su contra se menciona que Marín estaba organizando una “insurrección” para desestabilizar al gobierno. Entre las pruebas se citaron congresos internacionales en los que participó y en los que también habrían asistido presuntos guerrilleros colombianos.
La calificación del delito luego fue cambiada a la de invasión de inmueble. Tras su detención, estuvo tres días en la Comisaría Primera de San Lorenzo y luego se dispuso la prisión preventiva, siendo derivado a la cárcel de Tacumbú, donde permaneció durante casi un mes. Posteriormente la jueza María Elena Cañete le otorgó la prisión domiciliaria, que ya lleva casi un año, lo cual le impide continuar con sus actividades laborales. En la ocasión también fue detenida su pareja, Vidalia Chávez, que según el informe policial “quedó depositada” en la Comisaría Sétima de Ñemby.
El fiscal a cargo es Christian Roig (quien asumió luego del procedimiento encabezado por la fiscala interina Dora Dohl). Marín enfrenta otra causa similar, que está a cargo de la fiscala Viviana Riveros, relacionada a la asistencia jurídica brindada a pobladores del asentamiento El Triunfo, también ubicado en la ciudad universitaria.
El abogado denunció que se violaron varias garantías del debido proceso. Entre las irregularidades citó que recién el 26 de diciembre de 2016, casi un año después de haber sido detenido, tuvo acceso a la carpeta fiscal para ponerse al tanto de la acusación en su contra y preparar su defensa. Añadió que la defensa no participó del peritaje de su teléfono celular, de donde se extrajo una fotografía tomada durante otras actividades particulares y que fue utilizada en ambas causas en su contra. Además de ello indicó que la jueza rechazó todos sus pedidos y, en cambio, hizo lugar a todos los planteamientos de la Fiscalía, por lo que recusó a la magistrada por parcialidad manifiesta.
Marín detalló que más de 1.000 familias reclamaban unas 36 hectáreas, que en un 80% eran de dominio del empresario Aldo Zuccolillo. El propio diario ABC Color confirmó el dato en una publicación sobre el operativo, donde consignó que parte de los lotes pertenecían a Inmobiliaria del Este, pero aseguró que en su mayor parte ya fueron vendidos.
El día del procedimiento la fiscala interina Nohl declaró, citada por el sitio del Ministerio Público, que “nos constituimos en el lugar e instamos a los ocupantes a retirarse de forma pacífica, porque en caso contrario, si no se retiraban de esa manera, se procedería al uso de la fuerza pública, y que si hacía falta se procedería a la aprehensión de personas, por tratarse de una flagrancia en la comisión del hecho punible de invasión de inmueble ajeno”.
