Adoptó el discurso de ciertos sectores religiosos de la sociedad y prohibió la enseñanza de la teoría de género en las escuelas de todo el país, asociándola a una amenaza gay que intentaba adoctrinar a estudiantes del país y debilitar a las familias.
El 2017 fue el año donde se consolidó una postura estatal contraria al reconocimiento de derechos de lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersexuales (LGBTI) en Paraguay.
Esto se dio a través de la promulgación de la resolución 29.664 del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC); a través de la no implementación e inclusive la no difusión pública de varias medidas promulgadas durante años anteriores y que favorecen al sector; y a través de la permanente oposición hacia medidas similares en espacios internacionales como la OEA, el Mercosur y el Comité CEDAW de las Naciones Unidas.
En su Informe Derechos Humanos Paraguay 2017, presentado en diciembre último, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) analiza esta realidad en su artículo “Frente al terrorismo de Estado, dignidad y resistencia”.
La expresión más extrema de esta postura del Estado paraguayo fue la promulgación de la resolución 29.664, con la cual prohibió todo debate en las escuelas sobre la teoría o perspectiva de género, cerrando así la posibilidad de abordar la igualdad en las instituciones educativas.
Con esta acción el Estado paraguayo asumió el discurso de sectores religiosos que asocian la educación en sexualidad; el reconocimiento de derechos de LGBTI o incluso el simple debate sobre género con una amenaza hacia la familia tradicional paraguaya.
“El ministro Riera, en armonía con la línea de este gobierno, tomando las tergiversaciones provenientes de los grupos antiderechos, que siempre giran alrededor de la cuestión LGBTI aunque no tengan nada que ver, toma la postura de un sector extremista como una política pública para complacer a grupos de poder cercanos al gobierno”, resume el artículo.
Al asumirlo como postura de Estado, oficialmente se colaboró en amplificar la idea de que en las escuelas se quiere enseñar a ser gays o a cambiar de género a voluntad, “expandiendo una especie de pánico moral, típico de estos grupos, que tocan los temores más legítimos de la gente, como la protección a los hijos e hijas. Así, señalando a (las personas) LGBTI como una posible amenaza para sus hijos, se genera una legitimación de la violencia que termina con crímenes de odio”.
Durante este tiempo de debate y promulgación en torno a la prohibición del MEC, se registró una escalada de violencia especialmente hacia personas trans en las calles, incluyendo un homicidio, cuyo autor confesó que lo hizo movido por el odio hacia las personas trans. El autor del crimen tiene antecedentes de haber realizado varios ataques similares, hasta el punto de ser conocido en la prensa como “cuchillero de travestis”.
En diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado calificando esta prohibición en Paraguay como un retroceso en materia de derechos humanos.
“La Comisión considera preocupante que la perspectiva de género sea peyorativamente referida como “ideología de género”. La perspectiva de género es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; y un concepto que busca visibilizar la posición de desigualdad y de subordinación estructural de las mujeres a los hombres en razón de su género”, resumió en su nota de prensa.
Por otra parte, el artículo “Frente al terrorismo de Estado, dignidad y resistencia” registra que el Estado paraguayo no implementó ni difundió públicamente varias medidas promulgadas en los últimos años y que sí favorecen al reconocimiento de derechos de personas LGBTI.
Se trata de las relacionadas a protocolos de atención a personas trans privadas de libertad (resolución 744/16 del Ministerio de Justicia); el uso del nombre social de las personas trans en servicios de salud pública (resolución 695/16 del Ministerio de Salud); el reglamento del régimen de visitas privadas en penitenciarías del país (resolución 72/12 del Ministerio de Justicia) y la Guía básica para la atención primaria a mujeres en situación de violencia (Ministerio de la Mujer).
El artículo “Frente al terrorismo de Estado, dignidad y resistencia” fue escrito de forma conjunta por Rosa Posa Guinea, Carolina Robledo Desh (Aireana, Grupo por los derechos de las lesbianas); Erwing Augsten Szokol (Mansión 108) e Yren Rotela (Panambí, Asociación de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay), asociaciones que forman parte de la Codehupy.
Entre las recomendaciones al Estado paraguayo el artículo señala la derogación de la resolución 29.664 del MEC; la promulgación de una Ley contra toda forma de discriminación; la investigación exhaustiva de los crímenes de odio cometidos hacia personas LGBTI y la implementación de las medidas favorables hacia el reconocimiento de derechos que no se están cumpliendo y otras más.
El artículo, “Frente al terrorismo de estado, dignidad y resistencia” se encuentra en el capítulo I: DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, en la página 117 del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay 2017.
Ph: Coalición LGBTI Paraguay
