El Estado paraguayo se comprometió en enero pasado durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a otorgar prioridad a la aprobación del proyecto de ley de lucha contra la discriminación, presentado en el Congreso en noviembre de 2015, y revisar las leyes vigentes para asegurar la coherencia con los objetivos del proyecto de ley. La recomendación fue realizada por Australia y aceptada por las autoridades paraguayas.
En este sentido también aceptó la recomendación emitida por Israel de elaborar políticas para asegurar el pleno disfrute de sus derechos y la igualdad a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. El Estado también se comprometió a implementar políticas públicas que permitan la paridad de género en la vida política y económica del país, una recomendación que fue presentada por Chile.
Por su parte, España recomendó aprobar una ley integral para la promoción de la igualdad de género que incluya, entre otras cuestiones, la sensibilización en relación con cuestiones como la violencia de género y la libertad de orientación sexual. Argentina recomendó aprobar una ley de lucha contra la discriminación para prevenir y sancionar la discriminación en todas sus formas, incluida la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, lo cual fue aceptado y se aseguró que el país se encuentra en proceso de cumplimiento.
Colombia recomendó revisar todo tipo de disposición que pueda dar lugar a la discriminación de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como revisar las disposiciones laborales que puedan afectar a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, en tanto que Francia recomendó intensificar la lucha contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
El combate a la discriminación es una de las principales materias pendientes en nuestro país, siendo precisamente el Estado muchas veces responsable de actos discriminatorios. Panambí, asociación de travestis, transexuales y transgénero del Paraguay, señala al Estado como el responsable de la situación de violencia, pobreza, crímenes de odio, exclusión y la falta de una salud integral para las personas trans. La organización había sistematizado información que da cuenta de al menos 50 asesinatos de personas trans desde 1989, crímenes que permanecen en la impunidad. También sostienen que la discriminación en el campo laboral convierte al trabajo sexual en la principal y casi única opción, donde son permanentemente hostigadas y extorsionadas por la policía.
Otro caso de discriminación directa de parte del Estado fue denunciado por la organización Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, que rechaza la política del Ministerio de Justicia de no permitir a personas privadas de libertad visitas íntimas de personas del mismo sexo. Asimismo, otra situación persistente es la discriminación salarial en el trabajo y el acoso sexual.
Por su parte, Unidas en la Esperanza (Unes), asociación de mujeres trabajadoras sexuales del Paraguay, exige el reconocimiento formal del trabajo sexual voluntario, no ser separadas de sus hijos a raíz del trabajo que ejercen, que las instituciones respondan ante las denuncias que presentan por maltratos y abusos de las fuerzas de seguridad, servicios integrales de salud que no se limiten a exámenes compulsivos de VIH y el fin de los femicidios y persecuciones que sufren por denunciar las condiciones de explotación y la violencia institucional que sufren.
Otra discriminación amparada por la misma ley es la que sufren las trabajadoras domésticas, que a pesar de la larga lucha por acceder a los mismos derechos que el resto de la población asalariada siguen relegadas por el mismo Estado. Las trabajadoras del sector exigen el acceso al 100% del salario mínimo legal vigente, que la última norma aprobada en el Congreso en 2015 dejó fijada en el 60%. La ley anterior disponía que la remuneración en efectivo para las trabajadoras del sector podía ser del 40% del salario mínimo bajo el supuesto de que reciben techo y comida en sus puestos de trabajo. Para rechazar el otorgamiento del derecho a acceder al 100% del salario mínimo algunos legisladores argumentaron que si esta disposición entra en vigencia muchas familias ya no podrían contratar a trabajadoras domésticas en sus hogares.
Foto: Sexto Encuentro Feminista del Paraguay
