Tras casi 25 años de impunidad, acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscan reparar los derechos de Sebastián Larroza y su familia.
Durante la huelga general del 2 de mayo de 1994 un agente policial de Paraguay ejecutó a Sebastián Larroza (18) mientras ejercía su derecho a la protesta en una manifestación en Cruce Tacuara, departamento de San Pedro, a 300 kilómetros al Norte de Asunción.
A las exigencias económicas laborales de ese 1994 las organizaciones campesinas movilizadas habían agregado las consignas del sector, relacionadas al acceso a tierra y a la intervención estatal para garantizar la comercialización de sus productos a precio justo.
Hacia las 8:30 de la mañana los dirigentes campesinos y la policía llegaron a un acuerdo de cómo se iba a realizar la movilización en Cruce Tacuara, y se declaró una tregua de una hora durante la cual los manifestantes iban a marchar y hacer cortes intermitentes de la ruta.
En plena tregua un camión que transportaba ganado intentó romper el cerco de manifestantes amenazando con embestirlos. La policía, antes que garantizar el derecho de los mismos y cumplir el acuerdo, empezó a reprimirlos con gas lacrimógeno, golpes y disparos de armas de fuego para despejar la ruta.
Un policía disparó directamente a la cabeza de Sebastián Larroza mientras estaba de espaldas levantando a un campesino reprimido, y más policías dispararon sobre otros manifestantes y sobre el fotógrafo del diario ABC Color, Mariano Godoy. La policía, además, destrozó a golpes y disparos los equipos de sonido de la manifestación para evitar que la gente se articule de vuelta.
Carlos Larroza y María Irene Velázquez recuerdan a Sebastián como un hijo estudioso, trabajador, deportista y alegre, comprometido con su comunidad a través de la Asociación Campesina de Desarrollo Integrado (ACADEI).
La violación de sus derechos y los de su familia continuaron durante la etapa de investigación de los hechos, que terminaron en la absoluta impunidad, encubrimiento y falta de justicia.
Profanación del cuerpo
Ocho días después de su muerte, mientras su familia realizaba un último rezo en su memoria, el juez de la causa y el médico forense asignado entraron al cementerio de la colonia Moisés Bertoni, rompieron el panteón y exhumaron su cuerpo, sin comunicar siquiera a su familia, y en abierta violación de todos los códigos forenses.
Sobre otro panteón, bajo la lluvia y sin el instrumental adecuado, le extrajeron el proyectil policial que segó su vida
Esta acción entorpeció las posibilidades de esclarecer las circunstancias en que se dio la muerte, porque dejó el cuerpo inutilizado para cualquier otro examen médico posterior.
Su familia y el vecindario rodearon el cementerio, demoraron al juez y el médico para exigirles explicaciones mientras acudían abogados de la ACADEI y medios de prensa, para documentar la situación y especialmente fotografiar el proyectil extraído.
Irregularidades del proceso de investigación
El proceso de investigación penal tuvo otras irregularidades estructurales, como la falta de custodia de evidencias; la recolección de evidencias por parte de la Policía sin la presencia de agentes fiscales o jueces; la falta de investigación sobre el arma del policía implicado; el abandono de la causa por parte del Ministerio Público, a pesar de tener la responsabilidad de perseguir de oficio el esclarecimiento de los hechos por ser de acción penal pública.
La ejecución de Sebastián Larroza, finalmente, quedó en la impunidad al ser declarada la extinción de la causa y el sobreseimiento definitivo del único procesado sin que se haya dado una investigación diligente de parte del Ministerio Público de Paraguay.
“Nunca hubo justicia, pero ahora tenemos esperanza”
En 2008 la familia Larroza Velázquez, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llevaron el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), que la admitió en 2017.
Actualmente corresponde al Estado paraguayo acercar sus observaciones para, finalmente, esperar el informe de fondo de la Comisión, que tendrá una opinión y una postura sobre las violaciones de derechos alegadas, y eventualmente las medidas de reparación exigidas al gobierno, dijo Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la CODEHUPY.
“Dependiendo de qué tan satisfactoria sea la respuesta del gobierno, el caso podría quedar en ese plano, a efecto de implementar esas medidas de reparación. O podría también la Comisión decidir plantear el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.
“Nunca hubo justicia, pero ahora tenemos esperanza, aunque nunca recuperaremos su pérdida. Creemos que puede haber justicia en nuestro país, para el bien de todos los paraguayos…para que no se repitan estas cosas malas”, dijo María Irene Velázquez de Larroza, madre de Sebastián Larroza.
Actualmente la CODEHUPY desarrolla la campaña “Yo protesto, Paraguay” para exigir al Estado paraguayo la reparación integral de las víctimas de éste y otros dos casos más. Pero por sobre todo, para exigir que el Estado adopte medidas concretas encaminadas a promover el derecho a la protesta antes que criminalizarlo.
Link de la Nota “Yo protesto, Paraguay” https://codehupy.org.py/campana-comunicacional-yo-protesto…/
Link del Informe Chokokue 1989 – 2013 https://codehupy.org.py/informe-chokokue-1989-2013/
